Centros de menores de Andalucía al límite: masificación, agresiones racistas y fugas

«Lo peor no son los insultos, a eso llegas a acostumbrarte» , comenta una trabajadora quien añade que «el sentimiento de frustración de los trabajadores es lo más duro». Los empleados también alertan de los episodios racistas que ya empiezan a producirse entre los propios chavales, principalmente entre magrebíes y subsaharianos, unas actitudes que suelen terminar con violentas peleas. «La presión y el estrés bajo el que trabajamos a veces se hace insoportable» , explica esta trabajadora que alerta también del elevado número de bajas entre los empleados. Las conductas misóginas al personal femenino de los centros que es mayoritario— es otra de las constantes en su día a día.

«A mí me han llegado a tirar una televisión a los pies y he visto como han tirado al suelo a una compañera y le han pegado con un extintor, pero sabes qué, que para mí eso no es lo más duro, lo peor es el sentimiento de impotencia que tengo por no poder ejercer mi trabajo en unas condiciones dignas», afirma.

En muchos casos, estos menores suelen venir muy «deteriorados» con adicciones a sustancias estupefacientes que sólo hace incrementar las actitudes violentas. Los trabajadores también se quejan de que no hay personal especializado que trate estas dependencias. «No podemos trabajar con ellos, en primer lugar porque son muchos y no podemos atenderlos como deberían , pero es que además estos centros carecen de intérpretes y no podemos comunicarnos con ellos», precisan.

Ante las agresiones que denuncian sufrir, los trabajadores plantean a la administración un protocolo de actuación , porque «sabemos que muchas veces no llegan nuestras denuncias ya que la gente se cansa de poner partes», precisan.

Esta masificación también tiene otra grave consecuencia: la falta de control sobre estos menores, lo que provoca que muchos de ellos tiendan a fugarse . A este respecto, la Consejería de Igualdad y Bienestar Social insiste en que son centros abiertos, con lo cual los menores pueden salir y entrar «porque el objetivo es que se integren en la sociedad». Además, desde la consejería indican que existe un protocolo que se activa en aquellos casos en los que se detectan que los menores no han vuelto a los centros, por el que se da aviso a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. No obstante, y a pesar de las denuncias que se han hecho públicas desde los propios centros e incluso desde los ayuntamientos donde se ubican, la Junta no aclara el número de estas «desapariciones», a pesar de que es quien tiene la tutela de estos niños.

Alrededor del 75 por ciento de la plantilla que trabaja en verano son eventuales «y ya nos encontramos con gente que no quiere venir a trabajar en verano porque sabe el estrés que hay en esos meses», precisa otro empleado.

Pero estas carencias no son nuevas. De hecho, entre los meses de mayo y junio hubo al menos dos encuentros entre trabajadores y la directora general de Infancia y Familias, Ana conde Trescastro, en la que ya entonces alertaron de la difícil situación que se vivía en los centros . El presidente del Sector de Administración General de la Junta de Andalucía de CSIF, Enrique Álvarez de Toledo, explicó que incluso se llegó a presentar un informe en el que se alertaba de que había centros que ya estaban al doble de su capacidad y aún no había llegado el verano.

«Entonces pedimos soluciones y nos dijeron que se crearían más plazas pero llega el verano y vemos que la situación ha ido a peor», precisa el responsable sindical que exige soluciones inmediatas.

 Los trabajadores también se quejan de la falta de previsión que ha habido y que no se haya organizado un plan de choque para reforzar las plantillas de estos centros al mismo tiempo que el número de vacantes. La Junta cuenta con 3.200 plazas (tanto públicas como privadas), una cifra a la que habría que sumar la ampliación de 400 más que ya se están poniendo en marcha y que son de atención inmediata. Desde mayo, se han creado un total de 1.100 plazas de este tipo (supone el 30 por ciento del total). Aunque están distribuidas por todas la comunidad, Cádiz, Granada y Almería, son las provincias donde más recursos se han incrementado.