El caso ERE se enreda a las puertas del juicio que llevará al banquillo a Chaves y Griñán

El desembarco de la nueva titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en efecto, representó una revolución en las formas. A diferencia de Alaya, quien sólo hablaba a través de sus autos, ella hacía corrillos con los periodistas a la vez que rehuía todo protagonismo delante de las cámaras . Pero, ante todo, ha representado un antes y un después en el fondo para los importantes casos de corrupción que la marcha de Alaya a la Audiencia Provincial de Sevilla había dejado en sus manos.

Después de once años en el Juzgado de Familia número 17 de la capital hispalense, Núñez ejecutó como la más aplicada de las alumnas el plan que le habían encomendado sus superiores jerárquicos: jibarizó los enciclopédicos sumarios de los ERE y del fraude de la formación . Los dividió en piezas, con el objetivo de acelerar investigaciones que a punto estaban de colapsar un juzgado que a su vez tenía que dar salida a otros asuntos ordinarios.

No estuvo sola en su empeño. Tenía el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, del Poder Judicial y de la Audiencia Provincial de Sevilla para hacer aquello a lo que Alaya se había negado hasta el último minuto.

Dos años después, la rama política del fraude de la formación se diluyó como un azucarillo en una taza caliente de café. La fragmentación del sumario también ha empujado al caso ERE a un laberinto procesal que corre el riesgo de disipar casi siete años de esforzadas investigaciones. Todo ello, a las puertas del primer juicio que va a sentar en el banquillo a los protagonistas de una era de poder absoluto del PSOE en la Junta de Andalucía.

En el caso Formación, donde la anterior titular del juzgado atisbó un plan urdido en los despachos de la Consejería de Empleo para que no se controlaran las subvenciones que repartía entre entidades y empresas para impartir cursos, la nueva instructora no halló más que un cúmulo de «desórdenes, incidencias e irregularidades» sin trascendencia penal.

Con el aval de la Fiscalía y desoídos uno tras otro todos los recursos de los letrados del PP andaluz para evitarlo, Núñez archivó la causa abierta contra 24 ex altos cargos andaluces, entre los que estaban tres exconsejeros de la Junta. Asunto cerrado y un quebradero de cabeza menos para el Ejecutivo de Susana Díaz , que hasta el mes de mayo sólo había conseguido recuperar 8,7 millones de los 143 millones de euros que reclama por ayudas sin justificar.

Con cinco piezas concluidas y a falta de fijar la fecha de cuatro de los juicios, el caso ERE también podría dar un vuelco en el momento más decisivo: a dos meses de que sean juzgados dos expresidentes que han gobernado Andalucía durante 23 de los 35 años de Autonomía . A Manuel Chaves y José Antonio Griñán les van a acompañar otros 20 ex altos cargos de sus respectivos gobiernos, acusados de supuestos delitos de prevaricación, asociación ilícita y/o malversación de fondos públicos, dentro de la causa abierta por el «procedimiento específico», el sistema ilícito y caprichoso que permitió repartir 855 millones de euros en ayudas dirigidas a empresas en crisis durante más de una década.

El problema radica en la propia división del caso que tantos respaldos concitó en todas las instancias judiciales. Con dos únicas excepciones: las defensas de algunos imputados, temerosos del « monstruoso e innecesario calvario procesal » que ello suponía para sus representados, según alegó uno de los abogados más activos en la causa, Juan Carlos Alférez. La otra detractora era Mercedes Alaya, que se negó con todas sus fuerzas a trocearlo alegando que este método «haría imposible el enjuiciamiento por separado de las diferentes conductas».

Nadie les hizo caso. Y los efectos más perniciosos de la división empiezan a dar la cara ahora. El caso ERE se ha ramificado tanto en su afán por simplificar la enrevesada instrucción de Alaya, que ha derivado en un enredo jurídico que compromete todo el proceso judicial.

El detonante han sido tres autos de la Audiencia de Sevilla que dan la razón a tres ex altos cargos y abren el camino al archivo masivo de causas abiertas a los acusados por conceder las ayudas irregulares. La Sección Séptima de la Audiencia —paradójicamente, donde Alaya ocupa hoy una plaza de magistrada— ha concluido que los ex altos cargos deben ser juzgados una sola vez , por el sistema ilegal de reparto de fondos, y no por cada una de las ayudas que dieron a empresas, como ocurría hasta ahora.

La Audiencia alega que esta dinámica conduciría a «una duplicidad de procesos sobre los mismos hechos». Vulneraría el principio jurídico del ‘non bis in idem’, según el cuál nadie puede ser juzgado y castigado dos veces por un mismo delito . Además, el aluvión de juicios puede dar pie a sentencias contradictorias.

La que ya se conoce entre los abogados de la causa como «la tesis Cañete», en alusión al primer imputado (exdirector general de la Agencia IDEA) al que dejaron fuera de una pieza por este motivo, ha marcado la senda para muchos cargos más. El exconsejero de Empleo Antonio Fernández y Miguel Ángel Serrano [que dirigió la agencia que pagaba las ayudas] ya han sido excluidos de algunas piezas relativas a ayudas concretas .

Con este criterio, Núñez ha sobreseído causas que afectaban al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, el exconsejero de Empleo José Antonio Viera —auto recurrido por la Fiscalía— y al exdirector general de Trabajo, Juan Márquez.

En la misma situación estaría su antecesor en el cargo, Francisco Javier Guerrero, el supuesto «golfo» —como lo tachó la Junta, acusación en el caso, con toda la intención, para endosarle las culpas del descontrol—. Guerrero manejó a su voluntad un fondo público de 647 millones de euros , del que se beneficiaron su antiguo chófer y hasta su suegra, incluida como intrusa en un ERE para cobrar una póliza de prejubilación a la que no tenía derecho.

«El día que se saque a Guerrero de las piezas de las ayudas, es cuestión de tiempo, los siguientes podrían ser los beneficiarios de ayudas », ilustra una fuente del caso. «¿Cómo va a haber una condena a los presuntos cooperadores necesarios de los delitos de prevaricación y malversación de dinero público, receptores de las ayudas, si no se puede condenar a quién se las concedió?», se interrogaba un abogado presente en la causa. La juez Núñez ha dejado claro en sus autos de archivo, en contra del criterio de su antecesora, que los imputados por pedir o recibir ayudas no pueden ser considerados delincuentes sino «víctimas».

Por si no planearan suficientes incertidumbres, al marasmo de los ERE se ha unido una más. La juez instructora requirió información sobre el procedimiento de reparto de ayudas para prejubilaciones por parte del Estado dentro de la pieza de la Faja Pirítica de Huelva por la que están investigados dos ex altos cargos del Gobierno de José María Aznar en 2003, a los que Núñez ha citado a declarar mañana.

El actual director general del Ministerio de Empleo reconoció que había un sistema de concesión directa, sin concurso público, para dar los fondos. La posibilidad de que el Gobierno pudiera estar repartiendo fondos de la misma forma discrecional que la Junta ha rearmado de munición jurídica a las defensas de los acusados que en diciembre se sentarán delante de un tribunal.

El informe de un solo folio del Ministerio ha sido aprovechado por el Gobierno andaluz para dar por enterrado el caso ERE, comparándolo con el sumario de Formación ya archivado . «Sólo hay que recordar todo lo que se ha escrito y llovido por el asunto de los ERE para ahora enterarnos, gracias a este informe, que el Gobierno central ha utilizado el mismo procedimiento que la Junta», advirtió hace unos días el vicepresidente andaluz, Manuel Jiménez Barrios.

Desde el PP, en cambio, argumentan que, a diferencia del denominado «fondo de reptiles», el Estado tenía un paraguas legal, una orden que autorizaba las ayudas directas que estableció Griñán cuando era ministro de Trabajo, en 1995. « Este no va a ser el botón nuclear ni el arma definitiva que va a destruir el caso ERE, pero es evidente que supone un gran argumento jurídico de fondo para las defensas», aventuran fuentes del caso.

Habrá que esperar, en todo caso, a la sentencia para saber si este criterio provoca una fuerte deflagración en el caso o, en cambio, se queda en un inofensivo petardo.