La Junta de Andalucía, de contradicción en contradicción en el caso ERE

Pero su actuación durante la instrucción no siempre ha estado acorde con su rol como acusación. Ha nadado en contradicciones y malabarismos jurídicos que le han valido duros reproches de los jueces. El último, esta misma semana.

Los letrados de la Junta se opusieron a que el exconsejero de Empleo Antonio Fernández (2004/2010) fuera excluido de dos piezas desgajadas de la causa matriz que analizan las ayudas concedidas a las empresas Calderinox y Fundiciones Caetano. La Audiencia Provincial de Sevilla rechaza el empeño de la Junta en incriminarlo y le acusa de mantener una «actuación procesalmente contradictoria».

Fue la propia Administración la que hace un año pidió el archivo de la causa política de los ERE, centrada en el sistema ilícito de reparto de las subvenciones, por la que se sentarán en el banquillo los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos, incluido Antonio Fernández.

Para la Junta, no debe celebrarse juicio contra ellos porque no cometieron delito alguno. Alegó que la partida 31L era legal porque figuraba en los anexos de las leyes de presupuestos que aprobaba el Parlamento año tras año. Pese a los esfuerzos de Susana Díaz por marcar distancias con el pasado de los ERE, desde la Junta han utilizado todo su arsenal jurídico para salvar a estos dos símbolos del poder socialista andaluz.

La Audiencia de Sevilla defiende la exclusión de Fernández en estas piezas, al igual que hizo otros dos directores generales de la agencia IDEA. Considera que debe ser juzgado solo por la pieza política de los ERE y no por cada ayuda que aprobó con cargo a la partida bajo sospecha. Lo contrario causaría «una duplicidad de procesos sobre los mismos hechos».

La resolución de la Audiencia ha actuado como un faro para otros imputados inmersos en varias piezas. El ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero ha pedido también ser juzgado una sola vez.

Los vaivenes han sido una constante desde los primeros compases de la investigación. El Ejecutivo socialista blasonaba de colaborar con la Justicia a la vez que Alaya le acusaba de torpedear su labor . Cuando rechazó la imputación de la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, la juez cargó contra ella porque su posicionamiento «parece más propio de una defensa que de una acusación particular».

Esta anómala actuación procesal llegó al culmen cuando «perdonó» las fianzas millonarias a los acusados en la pieza política de los ERE, incluido el propio Griñán, que debía hacer frente a 4,21 millones. Como la Junta no acusó, la juez que se hizo cargo del caso tras la marcha de Alaya, María Núñez, archivó las piezas de responsabilidad civil. «Lo más incoherente es la capacidad de la Junta para repartir carnés de inocencia, como si hubiera ex altos cargos procesados buenos y otros malos», apunta un abogado de la causa.