Anticorrupción pide cinco años de prisión para el exfutbolista «Pizo» Gómez por una ayuda de los ERE

Asimismo, la Fiscalía solicita la misma pena de cinco años de prisión y 15 de inhabilitación para el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero ; para el exdirectivo de Vitalia, Antonio Albarracín ; y para el exdirector gerente de la empresa, Miguel Errecalde Treviño . De igual modo, pide que los cuatro acusados indemnicen con 491.424,43 euros a la Junta de Andalucía.

La Fiscalía también acusa al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández , aunque recientemente la juez María Núñez Bolaños decidió apartarlo de esta pieza tras aplicar por primera vez el criterio marcado por la Audiencia Provincial, que ha dictaminado que sólo haya un juicio para los exaltos cargos implicados en este macroproceso

Así, Anticorrupción relata que el exconsejero y Guerrero encomendaron «sin sujeción a procedimiento alguno» a Miguel Errecalde Treviño, que actuaba en representación de Cenforpre , la realización de las actividades formativas en materia de prevención laboral previstas en el protocolo de colaboración entre la Consejería de Empleo y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de fecha 14 de abril de 2005.

«La ausencia de procedimiento alguno para la realización de los trabajos de formación y divulgación» encomendados a Cenforpre «determinaba que no pudiesen ser abonados» por la Junta; por lo que Fernández y Guerrero «propusieron» a Miguel Errecalde que facilitara los datos de una persona física para que, a través de pólizas de renta concertada con compañías de seguro, se procediera al abono que Cenforpre reclamaba «sin justificación alguna».

La Fiscalía añade que Miguel Errecalde, «con el conocimiento y consentimiento » de «Pizo» Gómez, «facilitó» a Guerrero y Fernández los datos del exfutbolista para la suscripción de las pólizas «como forma de obtener los fondos que decía se le debían a Cenforpre».

El 1 de agosto de 2007, y a través del exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín, se suscribieron una serie de ampliaciones de pólizas, siendo el tomador la Consejería de Empleo y figurando como asegurado «Pizo» Gómez, que, por cuenta de Cenforpre, percibió en concepto de rentas mensuales hasta abril de 2008 la cantidad de 176.909,73 euros como beneficiario de las pólizas .

Asimismo obtuvo 314.514,70 euros como resultado de la compra por el Consorcio de Compensación de Seguros del crédito correspondiente al mismo como beneficiario de los capitales diferidos previstos en las pólizas como resultado del proceso de liquidación de la entidad Fortia Vida a cuota fija.

Esos fondos, según Fiscalía, habían sido transferidos desde la Consejería de Empleo a IDEA mediante que se había aprobado para conceder ayudas sociolaborales y a empresas en crisis. Estas ayudas fraudulentas ocasionaron « una merma importante de recursos que, conforme a las leyes de presupuestos de la Junta, se debían haber destinado a atender situaciones de crisis de trabajadores y empresas de la comunidad», concluye la Fiscalía.