Cañamero y otros dirigentes del SAT suman 142 multas por saltarse la ley

La cifra abarca desde 2012 hasta lo que va de 2016 pero se circunscribe a los cabezas visibles del SAT. No se incluyen a los cientos de jornaleros que también son sancionados y suelen acompañar en sus «acciones simbólicas» a Diego Cañamero y a Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda (Sevilla) desde 1979 por Candidatura Unitaria de Trabajadores.

Con Cañamero ocupando un escaño del Congreso desde julio y con Sánchez Gordillo sumido en una depresión que lo ha alejado de la primera línea de la batalla política y sindical, se han reducido las marchas de jornaleros que solían encabezar todos los meses de agosto y que llenaban el vacío informativo como serpientes de verano.

El coste de las sanciones es cuantioso. «Tenemos multas por valor de 700.000 euros y juicios en los que han procesado a 14 compañeros como el caso del último a sindicalistas de Los Corrales y Martín de la Jara», en Sevilla, aseguró Cañamero el pasado mes de abril. Hizo estas declaraciones después de reunirse con el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, para pedirle que mediara ante el encarcelamiento de Andrés Bódalo, a quien sustituyó como cabeza de cartel en las últimas elecciones generales por Jaén. Los 14 sindicalistas fueron absueltos por un juez porque no pudo probarse que amenazaran e impidieran a unos profesores la entrada a un instituto de enseñanza secundaria de las citadas localidades sevillanas.

El exconcejal en el Ayuntamiento de Jaén no ha corrido la misma suerte. Bódalo es el miembro del SAT más destacado que ha pisado la prisión por una condena firme. Ha sido sentenciado a tres años y medio de cárcel por agredir en 2012 al teniente de alcalde de Jódar (Jaén) , el socialista Juan Ibarra, durante una protesta de jornaleros que reclamaban peonadas para acceder al subsidio agrario.

Parte de su sueldo de diputado (4.637 euros al mes con dietas) lo va a destinar a lo que denomina «caja de resistencia contra la represión», el fondo que tiene el SAT para pagar la defensa de sus imputados. Otra parte de sus retribuciones irán a las arcas de Podemos. Se quedará con 1.300 euros.

En 2013, cuando las controvertidas acciones de protesta llegaron a su mayor apogeo, las sanciones se dispararon. En julio del citado año, Diego Cañamero se quejaba de que «la cosa ha ido a peor en los últimos años». «Lo peor de todos son las fianzas», precisó . Las sucesivas ocupaciones de Las Turquillas, una finca de 1.124 hectáreas en Écija que pertenece al Estado desde 1928, se ha convertido en uno de sus recurrentes ganchos mediáticos. Sólo por ocupar este terreno «nos piden 6.000 euros por persona, esto es, un total 400.000 euros en fianzas por este caso», afirmó Cañamero en 2013. ABC intentó ayer sin éxito contactar con él o su sucesor en el cargo, Óscar Reina, para actualizar esta cifra.

Lejos de mostrar contricción, el ex portavoz del SAT siempre ha aludido al aluvión de sanciones y problemas judiciales que acumulan sus miembros con el mismo orgullo con que los veteranos de guerra exhiben sus cicatrices. Un historial que alimenta la retórica del victimismo. Cañamero no deja de repetir que el Sindicato Andaluz de Trabajadores «es el más represaliado de toda Europa» debido a «la brutal campaña de persecución que sufre este sindicato», proclamó recientemente. De esta «represión» culpa, sin hacer distinciones, a los gobiernos del PSOE y del PP. Pese al volumen de sanciones por saltarse la ley, el ex líder jornalero sostiene que su sindicato es «el más pacífico».

El escaño no lo ha hecho cambiar de opinión respecto a la Justicia. Desde 2010, cuando se declaró «insumiso judicial», hace caso omiso a las citaciones de los jueces y sólo acude al juzgado para declarar con una orden de arresto. Óscar Reina, quien se ha hecho con las riendas de la portavocía nacional del SAT, reconoció que 657 personas vinculadas a la organización están investigadas por ocupar fincas. Se enfrentan a peticiones de penas que sumarían 435 años de prisión.