La caída de fondos estatales aboca a Andalucía al club de los pobres

Con la llegada de la exconsejera andaluza María Jesús Montero al Ministerio de Hacienda y los Presupuestos Generales del Estado prorrogados por tercer ejercicio consecutivo, no ha cambiado la dotación económica del fondo que la Unión Europea destina a los países para que éstos a su vez los transfieran a las comunidades autónomas.

En su informe anual sobre la gestión del FCI, publicado el pasado 8 de mayo en el Boletín Oficial del Parlamento, la Cámara de Cuentas de Andalucía advierte de que en el periodo 2008-2018 se ha producido «una minoración de la asignación de los recursos de un 66,59%» y un descenso aún mayor (69%) en los últimos ejercicios si se compara con el Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad autónoma. En 2008 la comunidad autónoma recibía 58,72 euros por habitante y una década después a cada andaluz le corresponden 19,09 euros, lo que «supone una minoración de un 67,46% entre ambos periodos», pone de manifiesto el órgano fiscalizador.

Los FCI son una partida que el Gobierno consigna en los Presupuestos Generales del Estado para financiar inversiones que son ejecutadas por las comunidades autónomas para corregir los desequilibrios en los territorios más desfavorecidos y los gastos corrientes asociados a los mismos. Para calcular qué dinero reciben las regiones más pobres se tienen en cuenta dos variables: la población y el cociente entre la renta por habitante media nacional y la renta per cápita de la comunidad. Con arreglo a este sistema, Andalucía recibe la mayor porción de la tarta, el 37,7 por ciento de los 432,43 millones de euros que se reparten entre las diez comunidades (Extremadura, las dos Castillas, la Comunidad Valenciana, Galicia, Asturias, Murcia, Canarias y Cantabria) y las dos ciudades autónomas que participan en él.

No ha habido una mejora de la renta per cápita de los andaluces que justifique el recorte de los fondos que envía el Estado para corregir los desequilibrios con las comunidades más ricas, haciendo efectivo el principio de solidaridad.

La brecha con Europa y otras regiones de España parece insalvable tras años de intento de convergencia. Desde la anterior crisis, Andalucía sigue instalada en la misma renta per cápita, 20.500 euros, que es casi la mitad de la que tiene un madrileño (37.600 euros), según los últimos datos publicados por la oficina estadística europea Eurostat. En 2018, tenía una riqueza per cápita en función del poder de compra igual o inferior al 67% de la media de la UE. Ha empeorado la posición de la que gozaba cinco años antes. En 2013, coincidiendo con la crisis, el PIB por habitante representaba el 70% de la media comunitaria.

En su informe de fiscalización del ejercicio 2018, cuyos trabajos finalizaron el pasado mes de octubre, la Cámara de Cuentas alertaba de que la Administración autonómica tenía gastos pendientes de justificar por un importe total de 275,62 millones de euros que estaban próximos a prescribir. Los más antiguos se remontan a hace 30 años, como en el caso de los 4,4 millones asignados al Ayuntamiento cordobés de Fuente Palmera en 1989 . Los departamentos que más facturas acumulan sin justificar son la antigua Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que desde 1998 tiene pendiente de acreditar con facturas 216,6 millones, y la de Fomento y Vivienda, con 59 millones.

«Dada la antigüedad de los saldos pendientes se recomienda a los órganos competentes a que procedan a su justificación o depuración para que estos importes queden totalmente saldados, con la finalidad de minimizar el riesgo de prescripción de los posibles reintegros y de caducidad de los ya iniciados», avisa el órgano fiscalizador.

Durante 2018 se han ejecutado con cargo al fondo 145 proyectos de inversión que cubren los 160,93 millones asignados. Se reprogramaron 27 proyectos y se incluyeron 113 nuevos. Las iniciativas de investigación e innovación concentraron la inversión más cuantiosa (23,4 millones), seguidas de las infraestructuras sanitarias (19,5 millones) y el desarrollo local (16) . Este fondo se destina también a la construcción y mantenimiento de carreteras y autovías, así como a equipamientos judiciales y educativos.

Precisamente, la mejora de la dotación del Fondo de Compensación Interterritorial para impulsar la convergencia económica es una de las 70 demandas que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, trasladó al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, antes de que se decretara el estado de alarma para pedirle una reunión sobre asuntos concretos que afectan de lleno a esta comunidad.

Andalucía recibió el mayor montante del FCI en el año 2008, cuando recibió 481,62 millones de euros. Desde entonces ha ido perdiendo dotación. El punto de inflexión coincidió con el año 2011, en el último año de mandato del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien aprobó el mayor recorte social de la democracia para alejar al país del disparadero de los mercados financieros. En dicho ejercicio, llegaron 275 millones de euros del FCI a la comunidad autónoma. Desde 2014 hasta la actualidad la cuantía que recibe la comunidad para corregir los desequilibrios territoriales se ha quedado estancada en unos 160 millones.