Bruselas alerta del estancamiento económico de Andalucía respecto a Europa

El «resultado más preocupante» del citado informe, que se publica cada tres años, es que las regiones en transición (grupo en el que se encuadra Andalucía) han experimentado «una ralentización del PIB per cápita, el estancamiento en los salarios , su sector industrial sigue siendo reducido y siguen siendo las más vulnerables a los impactos de la globalización y desafíos», señaló Cretu, según recoge la agencia Europa Press. En definitiva, Andalucía, al igual que a otras regiones de España, Grecia, Portugal e Italia, «están estancándose y no vemos crecimiento y empleos al margen de las inversiones que hacemos», advirtió la comisaria de origen rumano.

Bruselas reclama más eficacia al Gobierno en Andalucía y a las instituciones locales de esta comunidad para sacar el máximo partido a los fondos europeos mediante la puesta en marcha de reformas estructurales y cambios de gestión administrativa con vistas a reducir la distancia que las separa de las regiones más ricas.

El informe, de 24 páginas, insiste en que la crisis económica truncó la convergencia económica entre la mayoría de regiones españolas y Europa. Sin embargo, los efectos no se han percibido de la misma forma en todos los territorios y países. En las regiones europeas situadas en su mayor parte en España, Grecia, Portugal e Italia, el PIB per cápita se desplomó un 40 por ciento entre 2009 y 2015. Durante este último año las diferencias han comenzado a reducirse pero, a juicio de la CE, todavía es pronto para aventurar si ese crecimiento será «sostenido».

En 2014 Andalucía abandonó el club de las regiones «objetivo 1», que tenían prioridad a la hora de recibir los fondos estructurales para impulsar su desarrollo. Pasó entonces a formar parte de un nivel superior, el de las «regiones en transición», porque su PIB superó el 75% de la media europea pero sin alcanzar el 90%. Andalucía progresa con más lentitud a pesar de la ingente cantidad de fondos estructurales que acaparó durante el periodo en que estaba considerada como región «objetivo 1». Entre 2007-2013, Andalucía recibió cerca de 18.000 millones de euros , el 57% del dinero destinado a toda España.

¿Qué está fallando en esta y otras regiones? La tasa desmesurada de paro en Andalucía (el 25,24 por ciento, según los datos de la última Encuesta de Población Activa) es su principal talón de Aquiles. El gráfico que ilustra esta información resulta revelador. En 2016, la población activa en paro representaba más de una quinta parte de la masa laboral en Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha, Valencia y Canarias. En un nivel intermedio están Madrid, Cataluña, Murcia, Castilla y León, Asturias, Galicia, donde el paro afecta a entre el 15 y 20% de su población activa. Las comunidades españolas con menos desempleo eran País Vasco, Navarra, Aragón, Baleares, La Rioja y Cantabria.

Otro lastre para la convergencia económica de las regiones más pobres con las más desarrolladas ha sido la caída de la inversión pública, que se situó por debajo del 2 por ciento del PIB en España, Portugal e Irlanda en 2016. La pérdida de inversiones «podría poner en riesgo la reducción de las disparidades en la UE en el futuro», avisa el informe. Los fondos de cohesión, concebidos precisamente para acortar esta brecha, suponen el 8,5% de la inversión pública en la UE. En el caso de España representarán el 16,6% de toda la inversión entre 2015 y 2017.

Pero no sólo el dinero cuenta. El informe apunta a otro ingrediente en el cóctel del estancamiento económico: «la baja calidad del gobierno». En este aspecto, el informe sitúa a Andalucía como el territorio español que está más alejado del promedio europeo. Se sitúa en el mismo nivel que Grecia, Croacia o Hungría . En peor situación sólo están Italia, Rumanía, Bulgaria y Macedonia. La CE relaciona la calidad del gobierno con la eficiencia en la gestión administrativa, la creación de condiciones para mejorar la productividad y el aprovechamiento de la inversión pública. «La baja calidad del gobierno dificulta el desarrollo económico y el impacto de la inversión pública, incluida la cofinanciada por la política de cohesión», advierte el informe.

Bruselas demanda «reformas estructurales» para mejorar la competencia, el entorno empresarial, la educación, el mercado de trabajo y los sistemas de protección social , lo que se traduce en cambios «en términos de productividad y crecimiento del empleo», prosigue el estudio.

La Comisión Europea calcula que el PIB crecerá entre el 1 y 2 por ciento de cara a 2023 en Andalucía, Galicia, Extremadura, Castilla La Mancha gracias a las ayudas de cohesión europeas.

La comisaria de Política Regional defendió que en el futuro la Política de Cohesión debe seguir beneficiando a «todas las regiones». «No abriría la caja de pandora de que fuera para algunas regiones y no para otras», apunta. Es partidaria de focalizar las ayudas en apoyar estrategias de transición industrial, reforzar la innovación y modernizar los sistemas educativos.

«Necesitamos repensar la distribución de los recursos financieros entre países y regiones para responder mejor a los desafíos que queremos atajar», dijo Cretu. La comisaria de Justicia, Vera Jourova, defendió repartir «incentivos mayores para las regiones que llevan a cabo reformas» estructurales clave.