El exministro Bernat Soria, un «trabajador fantasma» que ha cobrado más de un millón de euros de la Junta de Andalucía

El 4 de mayo de 2009, tan sólo 27 días después de su cese como responsable de Salud y Consumo en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero , el científico valenciano fue contratado como director del Departamento de Células Troncales del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer). Como investigador «distinguido», no había sueldo que igualase al suyo en toda la Administración autonómica.

La Cámara de Cuentas de Andalucía, que fiscalizó la contabilidad de la fundación en el año 2010, mostró su sorpresa por sus elevadas retribuciones: 170.438 euros brutos anuales , incluyendo las nóminas, dos pagas extras y los incentivos. Eran «superiores a las establecidas en la tabla retributiva del personal directivo de 2010», según el ente fiscalizador. En la actualidad su sueldo ronda los 150.000 euros al año. Es el doble de su salario como ministro (81.155 euros anuales).

Un informe jurídico-laboral encargado por la fundación pública a la asesoría privada PwC Tax & Legal Services S.L., al que ha tenido acceso ABC, revela que Soria tenía negocios privados al margen de su dedicación como científico estrella de la Junta durante los mandatos de tres presidentes andaluces distintos, Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz.

Esa actividad privada, incompatible con la paga de 5.000 euros anuales que cobra en concepto de exclusividad, puede costarle un puesto tan rentable económicamente, según se desprende del informe jurídico de 17 páginas consultado por ABC, que apunta a «un conflicto de intereses y una transgresión de la normativa de incompatibilidades y de la buena fe contractual».

Soria, que tiene abierto desde el 8 de enero pasado un expediente informativo en la fundación donde ha estado trabajando desde 2009, tiene vinculación con seis sociedades. Con anterioridad, gozó de otro contrato de alta dirección en la fundación desde agosto de 2005 hasta su aterrizaje en el Ministerio en el año 2007. Cinco de las empresas comparten domicilio en las mismas calles del pueblo sevillano de Bollullos de la Mitacion y Alicante.

El asesor jurídico que firma el informe pone el foco en dos empresas donde «la exclusividad parece claramente conculcada». La primera es Andalucell S.A., dedicada al asesoramiento en terapia celular y sin actividad desde 2016, de la que fue administrador único y propietario desde julio de 2015. La segunda es Alirober Consulting S.L., cuya denominación es una acrónimo de Alicante-Rovira-Bernat, que tiene «similar objeto» que la fundación pública donde trabaja.

El exministro es apoderado y su hija, Bárbara Soria Juan, administradora única desde agosto de 2015. Su madre y pareja del antiguo político también trabaja en la fundación de la Junta. Alirober, que cerró 2017 con unas pérdidas de 24.315 euros y no tiene empleados, «tiene intereses directos vía acciones en compañías privadas de Sevilla». Esta sociedad posee a su vez el 35% de las acciones de Newbiotechnic S.A., y es dueña del 45% de la mercantil Biotech Business Internacional S.L.

El informe concluye que «parece claro que se ha diseñado una estructura para sortear los impedimentos legales de incompatibilidad, de modo que Bernat Soria no es administrador sino su hija , pero él es el apoderado de la sociedad». Aunque formalmente no ocupa un cargo, «puede llegar a hacer exactamente lo mismo que un administrador». Como consecuencia, considera que su participación en sociedades con la misma actividad que la entidad de la Junta, «no comunicada» por él, «supone quebranto de la buena fe contractual» entre la fundación y Soria.

El asesor jurídico recomienda a Progreso y Salud abrir un pliego de cargos contra el exministro que puede concluir con la rescisión del contrato. Además de su actividad privada, Soria suscribió otro acuerdo como investigador en un proyecto con la entidad Rexgenero Biosciencies y participa en un proyecto de investigación «financiado por el Instituto de Salud Carlos II de Madrid », del que es beneficiaria la fundación Jiménez Díaz, vinculada a otro grupo sanitario privado. El informe aconseja aclarar si se ha producido un «conflicto de intereses efectivo» en este último caso.

ABC intentó ayer sin éxito recabar la opinión de Bernat Soria a través de la fundación Progreso y Salud.