Las ayudas para vivienda de la Junta de Andalucía se atascan en una agencia creada para tramitarlas

La demora burocrática, que la Consejería achaca a la obligación legal de conceder las ayudas mediante concurrencia competitiva, contrasta con la existencia de un organismo público creado expresamente para impulsar la política de vivienda de la Junta y agilizar la tramitación y concesión de subvenciones en esta materia. Es la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Andalucía (AVRA) , heredera de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA). Con la llegada de Izquierda Unida al Gobierno regional, EPSA cambió de denominación con la entrada en vigor en 2013 de la llamada ley «antidesahucios», que permitía la expropiación de viviendas vacías propiedad de los bancos.

La agencia es una pieza destacada en el mecano de la administración paralela de la Junta, dado el importante volumen de recursos que gestiona. Los presupuestos para 2018 consignan 193 millones de euros, que «se destinarán al desarrollo de las actividades estratégicas de la Agencia en apoyo y cumplimiento de los principios que sustentan la función social de la vivienda y al objeto de dar respuesta a las necesidades de una población más acosada por el empobrecimiento de sus niveles de vida», según reza el Informe Económico Financiero de las cuentas.

AVRA recibirá 62,2 millones de euros entre transferencias y subvenciones de los presupuestos. La memoria de las cuentas anuales de 2016 revelaba que la entidad pública tiene en nómina a 618 empleados de los cuales 64 ocupan puestos directivos y jefaturas.

La política laboral de AVRA ha estado abonada a la polémica. En 2016, los sindicatos que forman parte del comité intercentros de esta agencia dependiente de la Consejería de Fomento denunciaron en un escrito un supuesto trato de favor a los directivos de libre designación que durante la pasada legislatura, bajo el mandato de IU, fueron despedidos en el marco de un plan de ahorro. Tras la reducción de directivos llevada a cabo por IU , seguían existiendo «más de ochenta personas con funciones directivas, de libre designación y con salarios fijados por el consejo de administración al margen de la negociación colectiva», según advirtieron en un escrito tres sindicatos de la entidad, UGT, CC.OO. y Site. Son más de 80 contratados a dedo y con sueldos impuestos al margen del convenio laboral.

En la oposición arrecian las críticas a la parálisis de la política de vivienda. La portavoz de Vivienda del PP-A en el Parlamento andaluz, Alicia Martínez, señaló como responsable de los impagos a la propia presidenta, Susana Díaz. «La mala gestión de su gobierno convierte en inútil el dinero que el Estado destina a política de vivienda en Andalucía». En un comunicado, critica que «Díaz pierde la oportunidad de hacer una política de vivienda eficaz con recursos que llegan del Gobierno de España».

La secretaria general de Vivienda de la Junta, Catalina Madueño , le dio la réplica mediante otro comunicado en el que aseguró que «lo que es inútil es la crítica demagógica del PP-A y lo útil es pedir al Ministerio de Fomento que cambie las exigencias que impiden que esos fondos puedan ejecutarse con más agilidad».