Arranca el cuarto juicio de Invercaria con el intento de Pérez-Sauquillo de suspenderlo

La cuarta pieza del caso de Invercaria que llega al banquillo es la de Fumapa, empresa de carpintería metálica y de aluminio radicada en La Carolina , pueblo del que fuera consejero de Innovación Francisco Vallejo. Esta sociedad, que no tiene actividad, recibió 300.000 euros de fondos públicos en 2008 .

Durante la investigación policial que se puso en conocimiento del juez instructor se concluyó que Invercaria concedió dicho préstamo sin documentación alguna que sustentara ese crédito. De hecho, Fumapa logró que le dieran el crédito de 300.000 euros con un informe de dos folios escrito a boli y sin ningún documento más. En dicho informe se mostraban problemas de liquidez de la empresa y se informaba de la carencia de datos sobre la inversión, según la Fiscalía Anticorrupción .

En esta pieza, la Fiscalía pide para el expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo seis años de prisión por malversación y 25 años de inhabilitación, quince de ellos por el mismo delito y diez más por prevaricación.

Anticorrupción, que cifra en 359.581,60 euros el perjuicio ocasionado por Fumapa a Invercaria, pide las mismas penas para otros tres miembros del consejo de administración de Invercaria: Isabel de Haro, Jacinto Cañete (fue ex director general de IDEA y está condenado por el caso ERE ) y Ramón Martín.

Anticorrupción también acusa a dos administradores de Fumapa, Fulgencio Canales y Francisco Gutiérrez, para los que pide dos años y seis meses de prisión por malversación y once años de inhabilitación por prevaricación.

Precisamente la defensa del expresidente de Invercaria es la que ha intentado, en el trámite de cuestiones previas que se ha desarrollado durante la sesión del juicio de este viernes, suspender la celebración del juicio, algo que ha rechazado el tribunal, presidido por e l mismo magistrado que juzgó la pieza política del caso ERE , el juez Juan Antonio Calle.

El argumento del abogado Javier Vidal, defensa de Pérez-Sauquillo, para pedir la suspensión de la vista oral es que aún está pendiente de resolver el recurso de apelación contra la decisión del juzgado instructor de archivar la querella que el propio Pérez-Sauquillo presentó en 2019 contra Cristóbal Cantos (exdirectivo de Invercaria y denunciante de las irregularidades en la sociedad pública que dio origen a esta macrocausa), acusándole de falso testimonio y estafa procesal bajo la premisa de que Cantos, como director de Promoción de Invercaria, habría podido «cambiar, ocultar o extraviar» documentación de las inversiones de Invercaria , entre otros aspectos. Esta petición ya la hizo el abogado de Pérez-Sauquillo en el juicio de la pieza de Aceitunas Tatis, la primera que se enjuició, y tampoco prosperó.

Cantos, que algunas piezas de Invercaria figura como acusado, en la de Fumapa aparece como testigo, con lo que las defensas, todas ellas sumadas a esta petición, atisban un posible «conflicto de afectación» con relación al papel de Cantos en este procedimiento judicial. La Fiscalía, el PP-A e IDEA se han opuesto a suspender la vista considerando que el procedimiento judicial de dicha querella no tiene «nada que ver» con esta causa. El tribunal ha denegado la suspensión.

El juicio continuará el próximo miércoles con las declaraciones de los acusados, pese a que las defensas han pedido que lo hagan al final de la prueba testifical, como ha sido en el juicio de los préstamos y salarios de Invercaria, que ha concluido esta misma semana y ha quedado visto para sentencia.

Según la Fiscalía, la ayuda a Fumapa se concedió porque era una empresa cuyo proyecto tenía «una alta consideración para la sociedad», como le dijeron al entonces director del departamento de Promoción de Invercaria, Cristóbal Cantos, al que instaron a hacer un «análisis de urgencia» .

El informe advertía de la deficiente situación de liquidez de Fumapa, de sus fondos propios y de la fuerte dependencia de un solo cliente, y concluía que se necesitaba una auditoría de cuentas del ejercicio 2007, la diversificación de la cartera y un informe sobre la gestión de la empresa.

A pesar de ello y de que no se atendieron las recomendaciones señaladas, se informó del «perfil positivo» de la empresa para recomendar la inversión solicitada, que se culminó sin que pasara por el departamento de Análisis ni por el Comité de Inversiones de Invercaria, indica la Fiscalía.