El apoyo de Juanma Moreno a 180.000 empresas de Andalucía le cuesta una crisis con UGT y CC.OO.

Según señalaron desde ambas centrales, dicho pacto entre la Junta y los sindicatos «pende de un hilo» tras la decisión del presidente andaluz Juanma Moreno de «saltarse a la representación de los trabajadores» para firmar «exclusivamente con el empresariado» un plan de ayudas directas a pymes y autónomos para paliar las consecuencias de la pandemia del coronavirus Covid-19 en la comunidad. Dicho acuerdo, rubricado ayer por la Confederación de Empresarios, las Cámaras de Comercio y la Asociación de Trabajadores Autónomos plantea diez líneas de ayudas a 180.000 empresas de los sectores más afectados por las limitaciones de actividad derivadas de la pandemia, en especial, pequeño comercio, hostelería, feriantes... en toda Andalucía.

UGT y CCOO criticaron que Moreno les haya excluido en este pacto. Dudan de que contenga garantías de mantenimiento del empleo o criterios de proporcionalidad y retorno social de estos recursos públicos y acusan al presidente de no tener en cuenta «el diálogo social». Para ambos sindicatos «el Gobierno andaluz ha optado en estos meses por saltarse a la representación de las personas trabajadoras de Andalucía en una carrera sin sentido contra el Gobierno de España».

Para las entidades que firman el acuerdo la lectura es muy distinta. Consideran que es el «mejor plan posible en el peor momento», valoran que no hay otro en España con esta dotación económica y que se centre en «medidas paliativas que mitigan el golpe», por lo que demandan al resto de administraciones su implicación con recursos económicos para ayudar a «rescatar» a los sectores más afectados por la crisis de la pandemia.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, asegura que «no hay excusas» para que este plan no se replique por otras administraciones para «rescatar la economía y los hogares andaluces», apuntando la necesidad de que Gobierno y ayuntamientos adopten medidas como la extensión de los ERTE, una moratoria de los créditos ICO, una bajada del IVA al turismo y la exoneración de impuestos y de cotizaciones sociales.

La Confederación Comercio de Andalucía, por su parte, considera el Plan de Apoyo a Pymes y Autónomos un «avance», que debe «mejorarse».

El discurso de ruptura de los sindicados con las medidas antiCovid del Gobierno andaluz no queda ahí. También en el sector sanitario se enfrenta a una posición sindical beligerante. En este caso a cuenta de la Orden de la Consejería de Salud y Familias sobre nuevas condiciones laborales de los trabajadores de la sanidad andaluza para hacer frente a la complicada situación de la segunda ola de la pandemia del coronavirus en la comunidad.

Dicha orden provocó la indignación de todos los sindicatos en la Mesa Sectorial de Sanidad, lo que llevó al consejero de Salud, Jesús Aguirre, a pedir disculpas y a emplazar a dichas organizaciones a negociar ayer en la mesa Sectorial.

En el encuentro la Consejería de Salud se comprometió a redactar una nueva orden que recogerá medidas extraordinarias en recursos humanos contando con la participación de los sindicatos. En esta línea, una vez iniciado ya el proceso de negociación, se han dictado instrucciones por parte de la Dirección General de Personal del SAS para que desde hoy queden sin aplicar algunas de las medidas recogidas en la Orden anterior.

Al término del encuentro, Aguirre manifestó el «espíritu de consenso»de la Consejería para la lucha contra la pandemia y la protección de los trabajadores.

Salud elaborá un borrador para negociar una nueva Orden que entraría en vigor el mismo día de su publicación cuando se derogará la vigente.

Los sindicatos Satse, SMA, CSIF, CCOO y UGT piden la retirada inmediata de la Orden de 8 de noviembre. Los cinco sindicatos emitieron un comunicado conjunto, y aunque valoraron positivamente la rectificación, continúan considerándola insuficiente, por lo que se «mantiene por el momento la unidad sindical y las movilizaciones previstas hasta que la rectificación quede plasmada en el BOJA y se pueda valorar su contenido con rigurosidad».