Antonio Fernández, el consejero «paria» que durmió en la prisión por el caso ERE

Criado en el Pago de la Serrana, un barrio obrero de Jerez de la Frontera, Antonio Fernández es, de todos los antiguos altos cargos socialistas, el que tiene un horizonte penal más negro. Por urdir un «sistema fraudulento» de ayudas que, sin control, repartió fondos a empresas en crisis y, en algunos casos, entre personas que nunca trabajaron en esas compañías, el extitular de Empleo ya fue condenado por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla a siete años, 11 meses y un día de prisión , e inhabilitación absoluta por 19 años, seis meses y un día por malversación y prevaricación. Ahora, un segundo tribunal de la Sección Tercera de la misma Audiencia le ha impuesto siete años de cárcel por las ayudas concedidas a la empresa envasadora de aceitunas Acyco y suma otro delito a su expediente de falsedad en documento oficial.

No son los únicos frentes que tiene abiertos: está investigado en otras piezas del fraude de Formación que investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

En el año 2012, quince meses después de la apertura del caso ERE, Fernández se convirtió en el cargo autonómico de mayor rango encarcelado por presunta corrupción. El 24 de abril de 2012 abandonó la sala de vistas a las 7.45 horas escoltado por dos agentes de la UCO y otros tres guardias civiles para entrar en un furgón policial con destino a la prisión tras una tenso interrogatorio de la juez Mercedes Alaya. La anterior instructora del caso ERE decretó prisión provisional comunicada y sin fianza tras acusarle de seis delitos. Abandonó la prisión tres meses y medio después tras reunir el dinero de la fianza (450.000 euros) «gracias a cientos de aportaciones individuales» de sus amigos.

Desde entonces, el exconsejero no ha dejado de acumular cargos y acusaciones por las diferentes piezas sobre ayudas concedidas a empresas de los ERE donde se ha visto inmerso, de las que en su mayoría ha sido excluido por la doctrina de la Sección Séptima de que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito. Está siendo investigado por las ayudas concedidas al exconsejero de la Junta Ángel Ojeda, ya fallecido, que recibió 52,6 millones de euros para impartir cursos de formación.

Tras su ingreso en prisión, Fernández «perdió su empleo» como presidente del Consejo Regulador del Marco del Vino de Jerez , donde fue colocado tras dejar su escaño en el Parlamento andaluz. A partir de entonces, según un escrito de su letrado Alfonso Martínez del Hoyo en el que se pide a la juez Alaya que le permita recuperar el carné de identidad, se convirtió « en un 'paria' al que se le han cerrado las puertas del mercado labora l y, a pesar de sus esfuerzos, ha carecido ya de cualquier oportunidad de obtener un trabajo remunerado».

Antes de recalar en la Junta ha ocupado otros cargos públicos bajo las siglas del PSOE. En el año 1983 se estrenó como concejal por el PSOE en Jerez . En 1987 fue candidato a la Alcaldía de Jerez y poco después fue nombrado diputado provincial. Ocupó la vicepresidencia de la Diputación y la portavocía del PSOE , aunque dimitió de dichos cargos en 1992. En 1994 saltó a la Junta de Andalucía como delegado provincial de Agricultura en Cádiz, y en 1995 entra como viceconsejero de Trabajo y Asuntos Sociales.

Quien fuera viceconsejero de Trabajo desde 1995 hasta 2004 y consejero de Empleo desde entonces hasta 2010 se defendió en el juicio de la pieza política del caso ERE descargando en «los técnicos» parte de las decisiones que lo han llevado al banquillo. Junto a él hay otros 21 ex altos cargos autonómicos, incluidos los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán , que también fueron condenados por el reparto de ayudas de forma arbitraria durante una década (2000/2009).

Antonio Fernández reconoció que los convenios con las empresas para facilitar las ayudas, como presidente del ente instrumental y con funciones ejecutivas durante una etapa, pasan por sus manos. «Me elevaba el secretario general del IFA los paquetones de firma y yo los firmaba. Yo no me entretenía en leer ninguno de los papeles del IFA por imposibilidad material y por innecesariedad », se excusó. Era su secretario general quien le daba un informe «verbal» de conformidad y rubricaba los convenios amparándose en la confianza absoluta que tenía en él.

Antonio Fernández negó la existencia de un plan orquestado por el Gobierno andaluz para eliminar los controles en el reparto de fondos públicos. « Todo el mecanismo de donde van las partidas, de mi nivel hacia arriba no lo conoce nadie . En mi vida he sabido lo que era el capítulo o el subcapítulo», confesó Fernández, que es licenciado en Derecho, abogado laboralista y ha permanecido más de una década en los más altos cargos autonómicos.

Siendo consejero de Empleo, su nombre figuró inicialmente en el listado de 94 trabajadores beneficiarios de una póliza de prejubilación subvencionada por la Junta de Andalucía con motivo del ERE promovido por la bodega jerezana González Byass , de la que era trabajador en excedencia. Pero, no percibió los 386.000 euros a los que, a su juicio, tenía derecho porque no llegó a firmar el boletín de adhesión a la póliza, en la que por error la fecha de antigüedad en la empresa coincidía con la de su nacimiento.