El abogado de Magrudis echa la culpa a las administraciones por «no vigilar» a la empresa cárnica

En declaraciones a los periodistas, Hilario Aranda avanzó que presentará un recurso de reforma en el plazo de tres días contra el auto de la juez Pilar Ordóñez e indicó que «hay otras responsabilidades paralelas», en referencia a la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla (competente en materia de inspección sanitaria en la capital).

«El sistema de autocontrol es un sistema carente de garantías », insistió el representante legal de Magrudis, quien, sin embargo, defendía que «el plan de control» desarrollado por la empresa ha sido «exhaustivo» y que la fábrica superó las dos inspecciones del Ayuntamiento de Sevilla –en noviembre de 2016 y julio de 2017– «sin ninguna incidencia negativa».

Al contrario de lo que el Consistorio ha denunciado, la defensa de Magrudis sostiene que ésta «tenía licencia de actividad» y «nadie sabe dónde está el brote». Añadió que la empresa se surte de proveedores de carne de la provincia de Sevilla «y todas con factura», por lo que «no hay ninguna empresa tapada ni marca blanca».

Poco antes, durante su declaración ante la juez, el «administrador de hecho» de Magrudis, José Antonio Marín, presumió de limpiar a fondo las instalaciones con lejía y otros desinfectantes. Relató que él se dedicaba a vender chóped hasta que en 2015, coincidiendo con la crisis, decidió elaborar sus propios embutidos y puso a sus dos hijos al frente de dos empresas con una actividad paralela debido a las deudas que arrastraba de sus negocios anteriores.

Al frente de Magrudis, Marín Ponce situó como administrador único a su hijo mayor Sandro, mientras que el menor, Mario, creó en octubre de 2017 la sociedad limitada unipersonal Elaborados Cárnicos Mario , domiciliada en una nave contigua a la sede social de Magrudis.

Sus dos hijos y esposa trabajaban en el negocio familiar y cuando él no estaba presente, Sandro y su madre cogían las riendas de la empresa, mientras que el hijo menor, Mario, les echaba una mano. El mayor se encargaba de controlar la temperatura y el tiempo del horneado de la carne.

En su auto de prisión, la instructora del caso avisa de que «el producto nocivo para la salud de las personas fue puesto en el mercado, perdiéndose el dominio sobre el riesgo creado». A la espera del resultado de averiguar «cuántas personas han sido infectadas y han sufrido listeriosis fuera de la provincia de Sevilla», la magistrada cifra en unos 800.000 euros los gastos que ello ha generado en la sanidad pública, al menos los gastos ocasionados por los servicios prestados por los hospitales Virgen del Rocío y Virgen Macarena de Sevilla capital. En un corrillo con los periodistas en el Parlamento andaluz, el presidente de la Junta, Juanma Moreno , elevó el coste sanitario a un millón y medio de euros.