El sector de la vivienda turística en Andalucía acusa a Sánchez de invadir competencias regionales

«Lo que ha ocurrido es que, debido a los fallos del Registro Digital Único y la falta de criterios claros de los registradores, muchos de estos inmuebles no han podido obtener aún su Número de Registro de Alquiler (NRA). Pretender convertir este problema técnico y administrativo en una 'ilegalidad masiva' es un intento de manipulación de la opinión pública intolerable», ha puntualizado la patronal de viviendas turísticas de Andalucía. La retirada de licencias turísticas no es competencia del Ejecutivo central, sino de las comunidades autónomas.

«El intento del Gobierno de Pedro Sánchez de arrogarse esta potestad constituye una invasión flagrante de competencias y un desafío directo al marco constitucional«, han continuado, apuntando que la Junta, junto con otras tres comunidades autónomas y dos asociaciones, ya ha impugnado el Real Decreto 1312/2024 que regula el Registro Único, precisamente por esta extralimitación.

Asimismo, han asegurado que «señalar como ilegales a miles de viviendas con licencia autonómica es un ataque al motor económico de Andalucía y de España. En provincias como Málaga, Sevilla, Cádiz o Granada, el turismo de corta duración sostiene decenas de miles de empleos y genera un impacto decisivo en la actividad económica. Dañar la imagen internacional de España como destino turístico, es una irresponsabilidad que pagarán trabajadores, familias y empresas andaluzas».

Bajo su parecer, el Ejecutivo central «desvía la atención del problema real», que es «la falta de vivienda de nueva construcción frente a una altísima demanda, ya que en los últimos catorce años nunca se han llegado a construir más de 100 mil viviendas por año, ante un crecimiento de la población de modo sostenido los últimos años por encima de los 700 mil habitantes anuales».

El Real Decreto 1312/2024 está impugnado por cuatro comunidades autónomas y dos asociaciones sectoriales. Pretender aplicar sanciones o «cancelaciones masivas» mientras la norma está recurrida en los tribunales «genera una inseguridad jurídica inaceptable y coloca a miles de familias y empresas en una situación de incertidumbre injustificada», según el sector.

«Pedro Sánchez trata de manipula a la ciudadanía cuando habla de 53.000 viviendas ilegales: la realidad es que está atacando a Andalucía, a sus competencias y a un sector que es clave para nuestra economía. Retirar anuncios de las plataformas no equivale a retirar licencias. Por ello, AVVAPRO exige respeto a las competencias autonómicas y apoyo al sector que cumple con la ley», han aportado.

En este sentido, y a diferencia de lo que alega el Gobierno central, muy pocas viviendas se trasladarán al mercado del alquiler habitual o larga temporada, ya que solo el 37% de las VUT inscritas se destinan en exclusiva a régimen vacacional. El resto son segundas residencias que se explotan cuando sus dueños no las usan o durante vacaciones. De ese 37% de propietarios, la inmensa mayoría optará por dejar la vivienda vacía por el altísimo riesgo de impagos provocados por la eminentemente fallida Ley de Vivienda.