La reforma agraria en Andalucía que nunca fue

El gobierno autonómico de José Rodríguez de la Borbolla, con el arahalense Miguel Manaute al frente de la Consejería de Agricultura, se disponía en octubre de 1985 a llevar a cabo la expropiación de doce fincas manifiestamente mejorables en la comarca de Antequera, la primera demarcación que se había señalado en el vasto mapa regional para ejecutar el sueño irredento del campesinado andaluz: la reforma agraria.

«El sol de la expropiación salió por Antequera», titulaba en portada ABC en su número del 17 de octubre de hace cuarenta años. En el interior, la oposición arremetía contra el decreto 228/1985 de la Junta de Andalucía por considerarlo «electoralista» y el presidente Borbolla aseguraba que «la reforma agraria es la reconversión del campo», aludiendo a la cirugía que el PSOE de Felipe González estaba aplicando en la industria pesada nacional.

En la introducción del decreto legislativo, se reafirmaba lo expuesto en la Ley de Reforma Agraria de 1984, que se encontraba recurrida ante el Constitucional: «Aunque el desarrollo productivo de la agricultura andaluza ha sido notorio, la existencia de una determinada estructura de propiedad y explotación ha determinado una evidente infrautilización del recurso tierra». Y añadía: «Quiere ello decir que el concepto de tierra ociosa, tópico que alentó las históricas reivindicaciones de reforma agraria, tiene una lectura aún hoy válida, aunque diferente a la de ayer».

Así, la Junta imponía la ocupación urgente para la expropiación de uso (que no de dominio) de doce fincas cuyos valores productivos estaban por debajo del 50% del aprovechamiento medio de la zona. Se favorecía la entrada de colonos en cooperativas que dieran mejor uso a la tierra. A otras 44 fincas se les exigían planes forzosos de mejora y a 27 más se les imponía el impuesto de tierras infrautilizadas que podían eludir si «presentan un plan de intensificación de cultivos».

La reforma agraria, el sueño colectivo de la izquierda andaluza, nunca llegó a aplicarse como tal. La maraña judicial en que se vio enredada determinó que la Junta se desdijera derogando en abril de 1986 partes sustantivas del decreto del 16 de octubre de 1985. Después vendría la sonora victoria jurídica de Clavero Arévalo que acabó por tumbar una reforma que, pese a todo, sigue vigente pero inaplicada. Cuarenta años después, las preocupaciones en el agro andaluz han mutado radicalmente.