Dos formas opuestas de gestionar una crisis: los cribados de cáncer frente las pulseras antimaltrato, donde no dimite nadie

La Fiscalía General del Estado denunció en su memoria de 2024 que hubo un vacío de datos de varios meses en el control telemático de los maltratadores debido al cambio de las empresas adjudicatarias del servicio. La primera reacción de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, fue negar la realidad, atacar a la Fiscalía y presentarse como víctima de un «bulo». Los brazaletes «han funcionado en todo momento, no hay fallo», aseguró contundente, mientras abroncaba al Ministerio Público por sembrar «alarma» sin valorar los datos.

Tras el enfado del Gobierno «del que depende» —Sánchez dixit—, la Fiscalía trató de matizar lo que recogía su informe, que hubo una «potencial desprotección de las víctimas» e incluso provocó «una gran cantidad de sobreseimientos provisionales y fallos absolutorios». La vida de 4.730 mujeres dependía de un sistema que tuvo una gestión caótica y fallida desde finales de 2023 hasta al menos marzo de 2024. Así lo acreditó personal del Centro de Control de Medidas de Alejamiento (Cometa), porque el servicio está externalizado. Tuvieron que pasar siete días para que la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, pidiera perdón y casi dos semanas para que Redondo se disculpara.

La ya exconsejera andaluza de Salud y Consumo, Rocío Hernández, no ha tenido un margen de confianza tan holgado como la ministra. Dimitió a los ocho días de estallar el escándalo. Pero tiene algo en común con Ana Redondo. Ninguna supo ver el alcance de los errores. El 1 de octubre, Hernández aseguró que solo le constaban «tres casos puntuales», cuando ya era evidente que eran muchos más —la asociación Amama los había denunciado— y que hubo retrasos injustificados en el diagnóstico de pacientes cuyas mamografías en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) arrojaban resultados dudosos y que no habían sido citadas para una segunda prueba que verificase si la lesión era benigna o maligna.

Ana Redondo no ha dimitido ni Sánchez la ha cesado por las grietas detectadas en un sistema crucial para proteger a las víctimas de violencia machista y agresión sexual. A estas alturas, nadie cree que lo vaya a hacer. Los cribados fallidos de cáncer de mama, en cambio, se han cobrado la cabeza de la máxima responsable autonómica, la consejera de Salud, que renunció al cargo pocos días después de saltar el escándalo y fue relevada por Antonio Sanz. También dimitió el jefe del servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Virgen del Rocío en Sevilla, que concentra el 85% de los 2.317 casos. Moreno ha augurado que éstos no serán los únicos en caer.

La inicial falta de empatía que mostró la consejera con las mujeres no era la posición mayoritaria del Gobierno andaluz. Juanma Moreno apenas tardó cuatro horas en enmendarla. No solo eso, sino que pidió perdón a las afectadas, reconoció los errores y se comprometió a solucionarlos cuanto antes. Sin perder un minuto, trató de contrarrestar el reproche social y de la oposición anunciando un plan de choque con medidas inmediatas. «Estoy convencido de que el sistema funciona aunque desgraciadamente, por lo que hemos visto, ha habido cosas en el protocolo que han fallado y vamos a intentar solucionarlas lo antes posible», advirtió el 1 de octubre pasado.

Sánchez tardó siete días en pronunciarse sobre los fallos en las pulseras antimaltrato. Lo hizo el 24 de septiembre ante los periodistas en Nueva York, donde asistía a una asamblea de la ONU. Pero no concedió la más leve autocrítica. Al contrario. Afirmó que «el sistema funciona mejor que antes» y apoyó a su ministra. Criticó a aquellos que intentan dar «lecciones» —léase PP y Vox— a su partido, que ha hecho del feminismo una de sus banderas.

Desde el 2 de octubre, el caso había saltado el 30 de septiembre, el SAS empezó a citar a unas 2.000 mujeres que, según la Junta de Andalucia, habrían sufrido retrasos en su diagnóstico. Tres semanas después, Salud afinó la cifra: hay 2.317 afectadas. Hasta 1.778 de ellas ya se han sometido a una segunda mamografía de confirmación de diagnóstico. El nuevo consejero de Salud, Antonio Sanz, ha empeñado su palabra en que todas habrán pasado por el radiólogo antes del 30 de noviembre próximo.

El Parlamento andaluz ha dedicado un pleno monográfico a la sanidad y la Junta ha asumido una veintena de propuestas de la oposición. Las izquierdas y Vox pidieron una comisión de investigación sobre los cribados, pero el PP bloqueó la iniciativa con su mayoría absoluta.

Ni el Ministerio de Igualdad ni la Fiscalía, que dio la primera voz de alarma sobre los brazaletes que no funcionaban, han informado sobre cuántas mujeres se han visto afectadas por los fallos, cuántos alejamientos de maltratadores y violadores se han quebrantado, y cuántos archivos y absoluciones ha habido. La ministra no ha dado unas explicaciones a la altura de la alarma generada. «La tecnología falla, no hay un sistema fetén», se justificó Redondo. Sólo ha accedido a mejoras «técnicas» en el futuro contrato del servicio que se licitará cuando toque. El actual contrato vence en mayo de 2026.

El Congreso le ha obligado a auditar las pulseras tras un giro de última hora del PSOE, que optó por abstenerse ante la proposición promovida por el PP.

Tanto el Ministerio de Igualdad como la Consejería de Salud de la Junta conocían con meses de antelación que algo estaba fallando. El departamento de Redondo negó que lo supiera. Pero su delegada del Gobierno contra la Violencia de Género admitió el pasado 24 de octubre que desde noviembre de 2024 le habían llegado «incidencias». Empleados del centro Cometa también avisaron de las anomalías al Gobierno, que no hizo nada.

¿Desde cuándo se conocen los errores en el cribado? La presidenta de Amama Sevilla, Ángela Claverol, asegura que a principios de 2024 se reunió con la anterior consejera de Salud, Catalina García, y ésta se comprometió a agilizar las pruebas que afectaban a pacientes en el Virgen del Rocío. La Junta no ha aclarado qué pasó. Moreno sí precisó que él no había sido informado del problema.

En lo que atañe a la crisis de las pulseras, Sánchez ha seguido negando la mayor. «Ha habido mucha desinformación. Lo que ha habido es una campaña por parte de la derecha. Se han hecho las cosas bien», recapituló el presidente el 14 de octubre. Hubo fallos, pero nadie ha asumido ninguna responsabilidad. Ni nadie lo espera a estas alturas.