El principal comisionista del caso ERE, Antonio Albarracín, entra en prisión pese al borrado del Constitucional

El Tribunal Supremo (TS) le impuso una pena de tres años y nueve meses de privación de libertad por tramitar las pólizas de prejubilación irregulares en la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco), afectada por un ERE en 2003 que fue subvencionado con 2,95 millones de euros por la Junta de Andalucía. El citado tribunal de Sevilla da cuenta a las partes del proceso del encarcelamiento de uno de los mayores comisionistas de la trama a través de una providencia del pasado 24 de abril notificada ayer a las partes, a la que ha tenido acceso ABC.

El vuelco mayúsculo que el Tribunal Constitucional (TC) imprimió el pasado julio a la pieza política del caso ERE, al rebajar sustancialmente las penas a una decena de ex altos cargos de la Junta de Andalucía, no ha frenado el goteo de condenas ni el encarcelamiento de los condenados en otras ramas de esta macrocausa.

El Supremo ya aclaró que la revisión del TC no se traducirá en una absolución general porque incluso la mayoría de izquierdas que controla la corte de garantías apreció la eventual ilegalidad penal en la concesión de determinadas ayudas «en ausencia de fin público» y al margen de los fines previstos en las sucesivas leyes de presupuestos autonómicos para el programa 31L.

«El sistema (…) era, cuando menos, discutible, imperfecto, deficiente, laxo, carente de condiciones, anómalo e incluso, objetivamente facilitador de conductas irregulares ajenas al interés público», avisó en su sentencia del 29 de noviembre de 2024 que resolvió los recursos de casación formulados contra la resolución de la Audiencia de Sevilla.

El pasado 26 de marzo, el Supremo reiteró sus argumentos en un auto en el que desestimaba los incidentes de nulidad planteados por cinco acusados por las ayudas de Acyco que apelaron a la rebaja de pena aplicada por el TC al exconsejero de Empleo Antonio Fernández para solicitar su exculpación amparándose en un supuesto quebranto de derechos que el TS niega.

El Supremo absolvió al referido exconsejero y al ex director general de Trabajo de la Junta Juan Márquez por su intervención en la concesión de los fondos a esta sociedad de Dos Hermanas (Sevilla) no porque entendiera que no cometieron delitos sino porque ambos ya fueron juzgados y condenados en la pieza principal de los ERE y una persona no puede ser castigada dos veces por los mismos delitos.

Tras el correctivo que el TC hizo a las sentencias de la Audiencia y el Supremo en dicha causa, el pasado 15 de julio Fernández abandonó la prisión del Puerto III en El Puerto de Santa María (Cádiz) tras cumplir un año y siete meses de los siete años y 11 meses de reclusión a los que había sido condenado.

La ayuda concedida a la compañía Acyco fue la primera de las piezas separadas del caso ERE enjuiciadas por la Audiencia de Sevilla después de la causa política del sumario en la que fueron condenados 15 ex altos cargos de gobiernos socialistas, entre ellos, los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por idear un sistema que entre los años 2000 y 2009 repartió de manera arbitraria y sin control casi 680 millones de euros entre empresas.

El exdirectivo de Vitalia, la aseguradora que gestionó la mayoría de los ERE fraudulentos por indicación del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero —ya fallecido—, ha cruzado las puertas del centro penitenciario tras quemar el último cartucho en su intento de esquivar el encierro.

El pasado 26 de marzo, el Supremo rechazó el incidente de nulidad presentado por este protagonista de la trama, junto a otros cuatro acusados, contra la sentencia de la Audiencia que lo condenó a tres años y nueve meses de prisión, a cinco años y medio de inhabilitación absoluta y a indemnizar a la Junta de forma conjunta y solidaria con 499.558,83 euros. Albarracín solicitó sin éxito revocar su condena como cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos castigado con la cárcel.

Tanto éste como Jesús María Bordallo –condenado a la pena mínima de dos años de prisión–, consultor de la misma aseguradora en Andalucía y Extremadura, «conocían la existencia de dos intrusos (dos falsos trabajadores), así como que el coste de sus rentas iba a ser satisfecho con fondos públicos provenientes de la Junta de Andalucía bajo la apariencia de haber pertenecido a la empresa Acyco», cuando no era así, advirtió el Tribunal Supremo en su sentencia de noviembre.

El exdirector de Vitalia ha pasado sus primeras horas privado de libertad. Como a cualquier reo, se le ha realizado una reseña de las huellas dactilares y los funcionarios le han tomado fotografías para su ficha personal y abierto un expediente que especifica su situación procesal y penitenciaria.

No es la primera vez que este intermediario duerme entre rejas. El 22 de marzo de 2013, la juez que abrió la investigación de los ERE, Mercedes Alaya, envió al exdirectivo de Vitalia Vida a la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla) como medida cautelar para evitar el riesgo de fuga. La instructora también ordenó prisión provisional para el 'conseguidor' de ayudas Juan Lanzas que trabajó como comercial a las órdenes del primero.

Albarracín estuvo encarcelado dos meses hasta que depositó una fianza de 600.000 euros. Según la magistrada, ambos actuaron en connivencia con Guerrero para desviar las sobrecomisiones que abonaban con dinero público por tramitar las pólizas asociadas a los ERE.