El Parlamento andaluz veta cualquier pacto bilateral sobre financiación sólo con la mayoría absoluta del PP

La iniciativa del PP se situaba en el mismo punto que acordó la dirección nacional del partido con todos los barones autonómicos: rechazar el acuerdo de financiación para Cataluña, descartar cualquier pacto bilateral entre comunidades autónomas y el Gobierno, y encauzar todas las demandas hacia la convocatoria de una Conferencia de presidentes y de un Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se deben acordar cuestiones como la aprobación de un fondo de nivelación del que se pueda beneficiar la comunidad autónoma andaluza, al igual que el resto de territorios que se encuentran infrafinanciados.

«El PSOE plantea públicamente acabar con el régimen común de financiación, consagrado en nuestras leyes orgánicas y en la Constitución (....)La bilateralidad en la negociación es inaceptable cuando se habla del régimen común de financiación », recoge la iniciativa del PP-A.

A partir de ahí, la proposición no de ley del PP no desarrolla ni modelo de financiación ni siquiera hace referencia al acuerdo suscrito en el Parlamento en 2018. Se trata de un texto común y por tanto sin referencia alguna a las especifidades andaluzas (más allá de una alusión en la parte expositiva a la infrafinanciación autonómica) porque el objetivo es un posicionamiento genérico andaluz que refuerce la posición del presidente, Juanma Moreno, en su reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Consciente de que ese era el objetivo, el PP no estableció negociación alguna para escenificar un frente común y de hecho rechazó todas las enmiendas presentadas por los grupos.

En una de ellas, la formulada por el PSOE, se planteaba expresamente una referencia al acuerdo de 2018, suscrito por la entonces consejera de Hacienda y hoy ministra María Jesús Montero: «Impulsar un acuerdo entre todos los grupos políticos sobre un modelo de financiación inspirado en los principios y conclusiones del acuerdo del Parlamento andaluz de marzo de 2018 que garantices los principios de solidaridad y equidad, así como el reconocimiento a la singularidad de todas las comunidades autónomas». No se aceptó a trámite.

El PP, no obstante, quiso hacer un llamamiento al resto de grupos políticos para que se sumaran a su manifiesto contrario al pacto de financiación catalana. «Es muy grave lo que está ocurriendo y por eso pedimos a todos los grupos políticos que muestren una Andalucía unida que no reclama ni más ni menos que la igualdad de oportunidades», explicó el secretario general del PP-A, Antonio Repullo.

Pero ningún grupo acompañó al PP en su dinámica. Toda la oposición en bloque reprochó la iniciativa de los populares y la enmarcó dentro de una estrategia de «uso político partidista de la confrontación con el Gobierno central». «Andalucía está infrafinanciada pero no tiene un problema de financiación, tiene un problema de gestión», resumió el parlamentario socialista Josele Aguilar. Un argumento similar pusieron encima de la mesa Adelante Andalucía y Por Andalucía.

El PP, en consecuencia, votó solo todos los puntos, y sólo encontró apoyo de Vox en el último, una declaración genérica contra «la deriva política que se está produciendo en el Gobierno de España y en el de Cataluña en los últimos tiempos».

Lo cierto es que como señala el último informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) que se ha convertido en la institución de referencia de comunidades como Andalucía a la hora de evaluar la situación del sistema de financiación autonómico, las versiones de Gobierno y oposición tienen parte de sustento.

Es cierto que Andalucía recibe cada año más financiación estatal. Ha pasado de 15.000 millones de euros en 2014 a 27.937 millones de euros diez años después. El informe de Fedea de hecho especifica que han aumentado las transferencias por competencias homogéneas, pero que también se han incorporado transferencias extraordinarias del Estado desde la pandemia, se han aplazado pagos de deudas de las liquidaciones y se han incorporado mecanismos adicionales de financiación a las autonomías. En resumen, la tarta de la financiación autonómica es cada año mayor y, por tanto, Andalucía cuenta con más recursos. Eso permite que, incluso con una caída de ingresos propios o de los fondos europeos, el presupuesto crezca año tras año.

Pero al mismo tiempo, el informe de Fedea ratifica que la infrafinanciación andaluza se ha consolidado a lo largo de la última década. De hecho, incluso ha habido un empeoramiento. La tarta ha crecido pero la porción andaluza sigue siendo más pequeña de la que le correspondería. En 2009, el primer año del actual sistema de financiación, Andalucía se encontraba 4,7 puntos por debajo de la media en cuanto al dinero que recibía sobre el total que se reparte en función de su población ajustada. En 2022, último año analizado, la distancia es de 5,4 puntos. El escenario, en todo este análisis, apenas varía en esta década: Andalucía, Valencia, Murcia y Castilla La Mancha son las comunidades con más infrafinanciación, mientras que las mejor tratadas por el sistema son Cantabria, La Rioja, Canarias, Baleares y Extremadura. Cataluña no está infrafinanciada pero tampoco está muy por encima de la media.

El informe de esta forma vuelve a ratificar el diagnóstico: la diferencia de financiación no se corresponde con signos políticos de las comunidades políticas o con los índices de riqueza de su población. Simplemente, el sistema que se aprobó en 2009 configura unos criterios de reparto tan complejos y «poco transparentes» que genera desigualdades entre comunidades.