Juanma Moreno pacta con Teresa Ribera aplazar el debate de la ley para ampliar regadíos en el entorno de Doñana

Así lo ha comunicado el presidente de la Junta y del PP-A en una rueda de prensa en el Palacio de San Telmo conjunta con Teresa Ribera, la víspera de que la Mesa del Parlamento andaluz tuviera previsto incluir este miércoles en el orden del día del Pleno de la Cámara que se celebrará la semana que viene el debate final de dicha proposición de ley, que ha contado desde el primer momento con el rechazo del Gobierno de Pedro Sánchez y de los grupos de oposición de izquierdas del Parlamento andaluz, que han venido reclamando de forma insistente su retirada.

El presidente de la Junta ha subrayado que el aplazamiento de la polémica ley no significa sus retirada. Se trata de una 'tregua' por la que el Gobierno central y la Junta se comprometen a plantear un nuevo plan para la zona. Tanto Moreno como Ribera han confirmado que contarán con 356 millones de euros para abordar tanto la conservación del parque como un plan de impulso económico y social en la zona.

Porque una de las novedades para este inicio de acuerdo que han escenificado el presidente de la Junta y la ministra para la Transición Ecológica es la coincidencia entre ambas partes en que cualquier acción en Doñana y su entorno tiene que contar con los vecinos y cuidar su desarrollo económico.

Una de las cuestiones que plantea el nuevo plan es si el Ministerio tiene intención de comprar las fincas de los agricultores que se quedaron fuera del Plan de 2014 y que se iban a ver beneficiados por la ley que vuelve a quedar en suspenso. La ministra no lo ha negado aunque ha señalado que su departamento suele comprar tierras que liberan derechos de agua legales. La ambigüedad invita a pensar que es posible que parte del presupuesto se dedique a adquirir los terrenos afectados por la normativa de regadíos.

El plan tiene dos fases, ha explicado la ministra para la Transición Ecológica. La primera fase arranca la semana que viene. Entonces un equipo conjunto del Gobierno central y de la Junta van a recibir a todos los afectados para escuchar sus propuestas.

Después llega el momento de articular medidas concretas. Ni Moreno ni Ribera han detallado cuáles serán exactamente las medidas que se van a poner en marcha pero ambos han subrayado que irán encaminadas tanto a la conservación de Doñana como a la economía de la zona. «Si la población no está convencida de la conservación del medio ambiente, el medio ambiente acaba degradándose», ha señalado Moreno.

La ministra, por su parte, ha destacado la intención de dialogar con todos. Incluidos los agricultores que ahora ven cómo se paraliza de nuevo la ley que les iba a dar derechos de riego. «Tenemos ideas pero es vamos a hablar primero con las personas que viven en la zona. Queremos ver qué piensan y con qué medidas quieren contar ellos», ha indicado Ribera.

En todo caso ni el Gobierno andaluz ni el central han marcado líneas rojas para esta negociación. No son buenas para alcanzar un acuerdo, ha indicado Moreno. Para Ribera, el objetivo último, que es un acuerdo definitivo sobre Doñana, les hace apelar al entendimiento siempre dentro de los márgenes de la legalidad, ha señalado. Advertía así sobre una idea que ha deslizado ya antes de entrar en la reunión. El acuerdo debe servir para que no se apruebe la ampliación de regadíos en el entorno de Doñana.

Porque, ha subrayado Ribera, a Doñana no solo miran los vecinos de la zona. También los andaluces y los españoles. «Y Europa y organismos internacionales». Se refiere la ministra para la Transición Ecológica a la Comisión Europea, que mantiene abierta una sanción contra España por la gestión del agua en el parque y a la Unesco, organismo de la ONU que amaga con sancionar también al país por Doñana.

De hecho, uno de los objetivos que se ha marcado Ribera para abrir este diálogo con la Junta, que llega tras meses de enfrentamientos duros, es que se pueda cerrar la sanción de la Unión Europea y el posible veto de la Unesco y sacar a Doñana del foco internacional.

Moreno ha defendido que el aplazamiento del debate final de la proposición de ley para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva), es una muestra «firme y determinante» de la «voluntad de llegar a acuerdos» con el Gobierno central por parte de la Junta de Andalucía.

En esa línea, Moreno ha justificado ese aplazamiento del debate final de la ley «en beneficio de que tengamos tiempo de poder dialogar, conversar, construir, mejorar, proponer; en definitiva, de poder avanzar».

Además, el presidente de la Junta ha expresado su deseo de que el diálogo que se va a iniciar con el Ministerio «sea fructífero», además de «honesto, sincero y sensato», y junto con Ribera ha explicado que éste se va a llevar a cabo con equipos que representarán a ambas administraciones, encabezados por el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, en el caso de la Junta, y por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, por parte del Gobierno, que van a «tener que tirar de capacidad, de audacia, de complicidad y de generosidad para intentar buscar soluciones a algunos problemas que a veces son tan enconados y otros que son complejos de solucionar», ha añadido.