El Gobierno sondea la expropiación de parcelas en el entorno de Doñana para preservar el acuífero
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir encarga tres proyectos de restauración del dominio público hidráulico en la Corona Forestal Norte del Condado de Huelva, donde la Junta quiere ampliar los regadíos
El Gobierno central y la Junta de Andalucía se reúnen este martes para hablar de la Ley de Doñana a solo una semana de aprobarse
Sevilla
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Iniciar sesiónEl Gobierno central ha movido pieza en la partida de ajedrez que ha estado librando con el Ejecutivo andaluz de Juanma Moreno (PP) a cuenta de la proposición de ley que tramitan el PP y Vox para ampliar en unas 700 hectáreas la superficie ... de los regadíos regularizados en la Corona Forestal Norte de Doñana. Dos semanas después de la convocatoria anticipada de las elecciones generales para el 23 de julio pasado, el pasado 9 de junio, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, licitó el contrato de servicios para «redactar tres proyectos de restauración del dominio público hidráulico» en la citada zona de la comarca del Condado de Huelva.
Según la memoria justificativa del expediente de contratación, al que ha tenido acceso ABC, el proyecto prevé un conjunto de actuaciones encaminadas a recuperar el estado ecológico de los ríos y arroyos que nutren al Parque Nacional de Doñana y plantea, entre otras medidas, el sellado de pozos que abastecen a explotaciones agrícolas y la delimitación de «las parcelas a expropiar» para preservar uno de los principales humedales de Europa.
El contrato, que fue aprobado el 28 de junio pasado y está valorado en 119.890,10 euros, no se limita a recuperar el «uso racional del espacio fluvial» en el entorno del parque, sino que comprende la toma de datos en campo, el replanteo de las líneas del dominio público hidráulico y la elaboración de propuestas.
La consultora deberá entregar un informe de un experto ambiental en el espacio natural de Doñana en el que «se indiquen las mejoras en el uso ecológico y contribución al sostenimiento de los valores ambientales del entorno» del parque, así como «sus beneficios sobre las especies animales y vegetales que forman parte del ecosistema». Para ello se hará un inventario de las lagunas dentro del ámbito de la Corona Forestal de Doñana, justo la zona que se pretende ampliar.
Campaña de sellado de pozos en la zona
Otro experto en Hidrogeología deberá diseñar «futuras medidas complementarias para el retorno de aguas al acuífero, certificando la cantidad de agua que teóricamente el proyecto ahorra para el acuífero de Doñana», que está sobrexplotado por la actividad turística y agrícola y ha sido objeto de una sanción de la Justicia Europea a España por dejación de funciones.
El adjudicatario de los proyectos también elaborará para el organismo dependiente de la ministra Teresa Ribera «una campaña de sellado de zacayones, pozos de intercepción y otros sistemas que ponen en peligro de contaminación al acuífero de Doñana, así como de otros vertederos no autorizados en la demarcación hidrográfica [del Guadalquivir] en el ámbito de la cuenca del Arroyo de la Rocina».
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La operación promovida por el Gobierno, que contrasta con los planes de la Junta de Andalucía, se basa en el denominado Plan de la Fresa, aprobado en el año 2014, bajo el Gobierno de Susana Díaz (PSOE), que permitió regularizar a 9.340 hectáreas en la comarca del Condado de Huelva, integrada por cinco municipios: Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado. Los proyectos deben estar redactados y entregados en el plazo de seis meses, según el pliego de condiciones técnicas.
Reunión de Moreno y Ribera en San Telmo
El encargo del proyecto coincide con un clima de distensión en el enfrentamiento que mantiene el Gobierno con la Junta de Andalucía a cuenta de la polémica iniciativa parlamentaria para regularizar regadíos que se quedaron fuera del último plan de reordenación. Hasta hace unos días, estaba previsto que dicha proposición de ley del PP y Vox, que ha despertado recelos en la Comisión Europea, la Unesco y la comunidad científica, se debatiera la próxima semana en el Parlamento autonómico. Pero la Junta de Andalucía está dispuesta a retirarla si se ofrece una alternativa a los agricultores afectados.
En este contexto, en medio del runrún que apunta a una posible negociación entre ambas administraciones, se reúnen esta tarde la ministra Teresa Ribera y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia autonómica.
«La predisposición del Gobierno andaluz es dialogar, dialogar y dialogar», ha asegurado este martes el portavoz del Ejecutivo regional y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, al ser preguntado este martes sobre la citada reunión.
Una de las propuestas que la responsable del Gobierno puede poner encima de la mesa es precisamente la extensión de la protección del Estado en esta zona recuperando terrenos por la vía de la expropiación. Es su respuesta después de que Moreno anunciara la compra de la finca Veta La Palma por unos 70 millones de euros. Sus 11.300 hectáreas se encuentran situadas en el término municipal de Puebla del Río, en Sevilla, muy cerca del Parque Nacional.
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