El PSOE se sacude la investigación de las casas embargadas en Mijas

Según adelantó ABC a principios de año, una de las primeras medidas de la autoridad judicial fue pedir un listado de los inmuebles subastados en los últimos años por esta Administración local, que remitió la información correspondiente a los procedimientos realizados entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2014 , periodo objeto de investigación.

El PP llegó a la Alcaldía en junio de 2011, por lo que las pesquisas también afectan –al menos, por ahora– a un año y medio de gestión socialista.

A pesar de esta circunstancia, Lima señalaba este martes que «es competencia de los tribunales calificar las responsabilidades penales, y del pleno de la Corporación, depurar las responsabilidades políticas que haya». Para ello, los socialistas solicitan la creación de una comisión de investigación municipal para aclarar las presuntas irregularidades que se hubieran podido producir durante el anterior mandato del PP en el embargo y adjudicación de propiedades. Nada dijo si esa comisión debía retrotraerse a 2010 e indagar en las adjudicaciones que se produjeron desde entonces y que sí investiga el juzgado.

El viceportavoz socialista agregó que «el municipio de Mijas no merece aparecer ni un día más en medios nacionales en relación a su vinculación  en casos de presunta corrupción sin que nadie asuma de una vez por todas responsabilidades».

González señaló directamente a Mario Bravo , el edil popular del que depende el departamento de Recaudación del Ayuntamiento, sobre el que se pone el foco en las denuncias, y que en su momento minimizó el caso. También acusó veladamente al exregidor, Ángel Nozal , quien ya se pronunció sobre este tema pidiendo que la investigación fuese más allá de su mandato .

Como adelantó este periódico, las indagaciones tratan de confirmar o determinar si, «como consecuencia de pequeñas  deudas originadas por el impago de impuestos locales , se han embargado inmuebles que después son vendidos a subasteros sin escrúpulos, con la connivencia de los regidores municipales», recogía en un escrito el Ministerio Público.

Además, los denunciantes han alertado de que  se producían adjudicaciones al mes del embargo  sin respetar la recomendación que establece la normativa de dar un plazo de seis meses por si se producen ofertas más altas.

El caso, cuya primera denuncia fue archivada, se reavivó el pasado verano después de que uno de los denunciases insistiese en «la existencia de un colectivo cercano al poder municipal que abusa de su posición de dominio y que viene  usando torticeramente las normas administrativas  para cometer fraudes», según recogió la Fiscalía en un escrito del pasado 15 de junio.

Los autos judiciales recogen, por ejemplo, el caso de un vecino que acumuló una deuda de 26.547,16 euros en concepto de impago del IBI e impuesto de vehículos entre 2004 y 2011. Tras un proceso administrativo, que el afectado afirma que está plagado de irregularidades,  se le embargó una superficie de 5.000 metros cuadrados de una finca  de su propiedad. El terreno estaba tasado en cerca de 1,4 millones  de euros,  aunque fue luego adjudicado por el Ayuntamiento en 34.000  euros a un «único postor» en una subasta de la que no fue informado el deudor.