Mijas retoma las polémicas subastas de casas embargadas

En un escrito del pasado 26 de enero firmado por el regidor, y remitido al tesorero del Consistorio y al edil de Hacienda, Mario Bravo (PP), «en uso de las atribuciones que me otorga la legislación vigente», da «instrucciones expresas» de continuar el proceso de adjudicaciones directas que fue suspendido con una comunicación fechada el 9 de octubre.

Nada más cursarse este documento, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento se han publicado más de una decena de nuevas subastas de propiedades que se extienden por las urbanizaciones Torreblanca, Flamingo Golf Park, Monte Miraflores o La Siesta II, por poner unos ejemplos.

Este periódico se puso en contacto con el Consistorio mijeño para conocer por qué se había retomado este proceso administrativo sin obtener respuesta.

La decisión de Maldonado contrasta con la paralización adoptada tras la «alarma social»  que –según aseguró entonces- se desató tras conocerse los pormenores de la investigación judicial , destapada por este periódico.

«El actual gobierno de Ciudadanos se desvincula total y absolutamente de estas presuntas prácticas municipales», afirmó entonces el alcalde, que ahora ha vuelto a retomar las adjudicaciones directas.

El caso, cuya primera denuncia fue archivada, se reavivó el pasado verano después de que uno de los denunciases insistiese en «la existencia de un colectivo cercano al poder municipal que abusa de su posición de dominio y que viene usando torticeramente las normas administrativas para cometer fraudes», según recogió la Fiscalía en un escrito del pasado 15 de junio.

Las pesquisas giran en torno a una serie de denuncias realizadas por varios vecinos del municipio en las que se relata que, «como consecuencia de pequeñas deudas originadas por el impago de impuestos locales , se han embargado inmuebles que después son vendidos a subasteros sin escrúpulos, con la connivencia de los regidores municipales».

Los autos judiciales recogen, por ejemplo, el caso de un vecino que acumuló una deuda de 26.547,16 euros en concepto de impago del IBI e impuesto de vehículos entre 2004 y 2011. Tras un proceso administrativo, que el afectado afirma que está plagado de irregularidades, se le embargó una superficie de 5.000 metros cuadrados de una finca de su propiedad. El terreno estaba tasado en cerca de 1,4 millones de euros, aunque fue luego adjudicado por el Ayuntamiento en 34.000 euros a un «único postor» en una subasta de la que no fue informado el deudor.

Las pesquisas realizadas a principios del pasado año no confirmaron las sospechas iniciales: «Siendo pedidas las explicaciones al Ayuntamiento de Mijas y a las personas denunciadas y afectadas, que se entendieron oportunas, finalmente se resolvió que procedía el archivo de las actuaciones por ausencia de indicios racionales de criminalidad», resolvió el Ministerio Público, quien decidió reabrir el caso en verano tras la incorporación de una segunda denuncia que se dirigió directamente ante la Fiscalía Anticorrupción y que fue trasladada a la Policía Judicial de la Guardia Civil. Inicialmente se hizo cargo el equipo de Mijas, aunque finalmente se ha derivado a la unidad de Delitos contra el Patrimonio de la Comandancia de Málaga.

Los afectados consideran que estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de falsedad, tráfico de influencias y prevaricación y en el epicentro sitúan al departamento de Recaudación del Consistorio mijeño.

Mario Bravo, tras una queja del sindicato Manos Limpias, personado en la causa, señaló que el listado de propiedades subastadas entregado por el Consistorio es exactamente el solicitado por la autoridad judicial, además de afirmar que la mitad de los inmuebles que lo componen son «trasteros o plazas de aparcamiento» .

Este periódico publicó previamente que la acusación había advertido al titular del juzgado de Instrucción número 4 de Fuengirola que el inventario de inmuebles embargados y adjudicados por el Ayuntamiento mijeño estaría incompleto y le solicitó que «actúe a favor de los intereses de la justicia».