El Ayuntamiento de Mijas afirma que la mitad de las subastas investigadas son «trasteros o aparcamientos»

Este periódico publicó el pasado sábado en su edición digital que el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación en este caso, había advertido al titular del juzgado de Instrucción número 4 de Fuengirola que el listado de inmuebles embargados y adjudicados por el Consistorio mijeño estaría incompleto y le solicitó que «actúe a favor de los intereses de la justicia».

Puso como ejemplo dos casos que supuestamente no se encuentran en la documentación entregada al juzgado: en el primero, se embargó un apartamento a dos ciudadanos extranjeros por una deuda de 1.264,44 euros y se adjudicó después por 21.804,36; la propiedad afectada en el segundo está valorada en 1.880.893,26 euros y se subastó por 46.300 tras acumular impagos por 26.552,87 .

La acusación, ante esta presunta anomalía, reclama el «listado completo» , en el que se debe incluir: el número de expediente, deuda principal, propietario y adjudicatario, finca subastada, precio de tasación y oferta finalmente aceptada por la mesa de subasta. «Se deben omitir por dicha administración cualquier clase de observaciones exculpatorias […] que deberán ser realizadas en el momento procesal oportuno», se plasma en el documento judicial, en el que se advierte de que la lista «ha de ser lo más objetiva posible».

El citado edil señaló sobre esta circunstancia que «el listado facilitado al juzgado es exactamente el que ha pedido, adjudicaciones hasta diciembre de 2014». «No habla de subastas ni de adjudicaciones posteriores a diciembre de ese año», añadió.

Mario Bravo, en un escrito enviado a este periódico, argumentó seguidamente que, del listado de inmuebles, la mitad son trasteros o plazas de aparcamiento », para después valorar que «parece que ha molestado mucho que añadamos un campo de observaciones donde, a cualquier persona que le interese la verdad, puede ver las causas del valor de adjudicación».

El caso, cuya primera denuncia fue archivada, se reavivó el pasado verano después de que uno de los denunciases insistiese en «la existencia de un colectivo cercano al poder municipal que abusa de su posición de dominio y que viene usando torticeramente las normas administrativas para cometer fraudes», según recogió la Fiscalía en un escrito del pasado 15 de junio.