Llega la primera condena a un empresario por el fraude de los cursos de formación en Andalucía

La sentencia condidera que el acusado «con la intención de obtener una ganancia económica indebida » y «a sabiendas de que carecía de las condiciones para ser beneficiario de ayudas públicas, al no disponer de capacidad financiera ni técnica precisas» presentó una solicitud de subvención ante el SAE para impartir dos cursos de formación profesional ocupacional.

A esa solicitud, adjuntó un proyecto y un anexo con el número de alumnos que podía asumir y la relación de las empresas a las que, una vez concluida la formación, iba a ser empleado el 60 por ciento del alumnado. La ayuda le fue concedida en junio de 2008, obteniendo el importe de 127.716 euros «que debía ir destinada a impartir las acciones formativas que se concedían», en concreto un curso de Administrativo Comercial y otro de Administrativo Personal.

Por dichos cursos, el procesado recibió como anticipo la cantidad de 76.629 euros, a razón de 38.314 euros por cada uno de ellos, «dinero del que se apropió el acusado en su propio beneficio », señala la resolución de la Sección Novena.

Por otro lado, este acusado, como socio único de la empresa con la que había solicitado los cursos y basándose en una previa relación comercial con otra sociedad de formación, contactó con los responsables de la misma y les comentó que « buscaba un socio para afrontar un proyecto europeo de envergadura, dadas sus altas probabilidades de extensión profesional por Europa, en especial, por Polonia».

Así, en octubre de 2008, «a sabiendas de que no les iba a abonar el importe de sus servicios pues carecía de patrimonio », contrató la ejecución de un plan de formación, de forma que dicha empresa debía cumplir con el 60 por ciento del compromiso de contratación al que había llegado con la Junta de Andalucía . Esta sociedad impartió los cursos, dejando de percibir 68.499 euros, ya que el acusado y su empresa «desaparecieron sin dejar rastro».

A los responsables de esta empresa también los tendrá que indemnizar con dicha cantidad. Además, el acusado, «con el objetivo de justificar el cumplimiento del convenio suscrito y obtener el importe íntegro de la subvención concedida», presentó ante el SAE la solicitud de liquidación de los fondos públicos al pago de facturas emitidas por la otra empresa como consecuencia del contrato firmado por ambas firmas «hecho que no era cierto».