Anticorrupción abre la puerta al archivo de la pieza política del fraude de los cursos de formación

La propia instructora ha sacado al fiscal Fernando Soto de su «error» al recordarle que lo que el PP ha recurrido es otra providencia dictada el mismo día, el 15 de junio de 2015, en la que ella dejaba sin efecto una resolución firmada por Alaya horas antes de dejar el juzgado para pedir nuevos datos sobre el «entramado» empresarial del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda. Anticorrupción la confundió con otro auto de Alaya, que es firme y no puede recurrirse, por el que imputaba a los exconsejeros de Empleo Manuel Recio y de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo Antonio Ávila por dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

El inminente carpetazo de una de las piezas más delicadas para el Gobierno andaluz, avanzado por ABC el pasado 15 de junio, cobró fuerza cuando trascendió a los medios de comunicación, con meses de antelación, que la magistrada iba a dictar su archivo tan pronto como lo pidiera el Ministerio Público.

La Junta de Andalucía aplicó de forma generalizada la fórmula de las exceptuaciones, excepcional aunque permitido según la ley, para seguir dando subvenciones a las mismas entidades sin haber revisado las facturas de ayudas anteriores. La Ley General de Subvenciones obliga a los beneficiarios a justificar el gasto antes de cobrar lo que le resta de una ayuda o recibir una subvención posterior. El asunto hizo correr ríos de tinta en la comisión parlamentaria que investiga las irregularidades ya que los grupos de la oposición veían en estas exceptuaciones una grave irregularidad.

El fiscal Fernando Soto esgrime que con la providencia de Núñez «se pone orden en todo lo actuado, solicitando se informe por la UCO (Guardia Civil) del curso de las investigaciones», que hasta ahora se habían centrado en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Anticorrupción no sólo da un espaldarazo a la decisión adoptada por Núñez en su estreno como juez titular sino que deja en el aire la tesis abanderada por Alaya de que el fraude masivo de los cursos no pudo ser posible sin que en la Consejería de Empleo dieran «órdenes» a las distintas delegaciones provinciales «para que no se controlara el dinero». El PP, que ejerce de acusación particular, entiende que las exoneraciones se dictaron en connivencia con algunos de los empresarios beneficiados, lo que en la práctica supuso darles dinero a fondo perdido.

El fiscal recuerda que esta línea de investigación, junto a la llamada operación Barrado, « determinó la imputación y detención de los ocho delegados del SAE de las provincias, además de la imputación de los jefes de servicio, ello junto a la previa imputación» del exconsejero de Empleo Antonio Fernández «por la elaboración de las resoluciones de exceptuación». Tras dejar sin efecto el auto de Alaya, Núñez ha practicado «numerosas diligencias , entre ellas, se han oído a los interventores provinciales, algunos jefes de servicios provinciales, interventor general y director general del SAE, además de recabar numerosa documentación», estima el fiscal. Añade que, «a estas alturas resta apenas la interventora de Sevilla (citada en septiembre) para culminar su instrucción». Con todo, concede margen al suspense al anticipar que, cuando concluyan los testimonios, «se acordará sobre la misma», en referencia a la instrucción.