Las academias auguran otra «oleada de escándalos» con las nuevas ayudas a la formación

Lejos de erigirse en un rompeolas contra el fraude, a juicio de las grandes empresas de formación, la nueva regulación publicada el 7 de junio constituye un nuevo caldo de cultivo para las irregularidades porque al menos la mitad de los criterios establecidos para valorar los proyectos que se presenten «pueden resultar contrarios a derecho». La cuestión que suscita más críticas es que se prime con 25 de los 100 puntos en liza a las empresas beneficiarias de cursos en Andalucía en 2009, 2010 y 2011 . «Entre ellas podemos encontrar muchas de las empresas ahora envueltas en procesos judiciales . ¿Realmente quiere la Junta que la formación siga en manos de estas empresas?», expone un demoledor informe elaborado por la Aecfe, al que ha tenido acceso ABC.

La patronal sostiene que la norma «no hará sino reproducir en el futuro los problemas que han desestabilizado la formación realizada en Andalucía hasta 2011, año en el que se paralizó por completo». Sin ir más lejos, la orden ha sido puesta en tela de juicio por el propio Consejo para la Defensa de la Competencia en Andalucía .

En un informe de 29 páginas, aprobado el 2 de junio pasado, el órgano dependiente de la Consejería de Economía y Conocimiento pidió que se revise la valoración técnica prevista por la orden reguladora de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. En concreto, señala que «se debe evitar otorgar una ventaja a favor de las empresas beneficiarias de ayudas en convocatorias anteriores, lo que a su vez podría provocar un trato de favor hacia las empresas ya instaladas». El Consejo para la Defensa de la Competencia avisa de que muchos de los criterios que recoge la norma «no parecen encontrarse amparados en ninguna razón de interés general ».

Sobre este asunto también se ha pronunciado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En un informe del 17 de junio sobre una convocatoria de ayudas de la Comunidad Foral de Navarra con criterios de valoración idénticos a los de la orden andaluza, se opone a que se anteponga a firmas subvencionadas en años anteriores, ya que « contiene requisitos discriminatorios ».

«Otros 25 puntos de los 100 retan incluso al sentido común, ya que intentan intervenir en la capacidad de cada empresa de gestionar la organización de sus propios recursos», afirma la patronal. Cuestiona que se «penalice» la contratación de docentes autónomos por las empresas beneficiarias de ayudas o incluso de cooperativas que ofrezcan servicios externos. A pesar de todo, «la Dirección General de la Formación para el Empleo de la Junta pretende impulsar unas convocatorias plagadas de profundas irregularidades que no harán sino mantener todo el sistema en una situación de inseguridad jurídica, además de alejarse de los objetivos de conseguir una formación eficiente, transparente y de calidad», lamenta el colectivo.

Acosado por el escándalo en los cursos financiados con dinero procedente de la Unión Europea —juzgados de siete provincias andaluzas investigan irregularidades—, el Ejecutivo andaluz anunció en 2014 una reforma legal para enmendar la gestión desarrollada durante años por los antiguos responsables de la Junta.El Ejecutivo lleva desde 2011 sin convocar subvenciones para cursos en la comunidad con la mayor tasa de desempleo nacional (29,7%), que alcanza el 60,7% entre los menores de 25 años . Dos años después de aquel compromiso, la Junta ha reactivado los cursos introduciendo medidas como ampliar la concurrencia competitiva, con el objetivo de evitar que el fraude se repita .

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, insistió ayer en que desde 2012 el Ejecutivo andaluz « ha dejado de ejecutar 600 millones de euros de formación para el empleo transferidos por el Gobierno de la Nación». Supone «el 96% del dinero destinado a fomentar la formación y el empleo en la región que lidera el paro».