Fijan el juicio por el fraude millonario en el edificio de Fibic en el PTA de Málaga

La adjudicación de la construcción del edificio se produjo en diciembre de 2008. En 2010, según la Fiscalía, la Intervención General del Estado realizó un informe financiero sobre la certificación de gastos de Cibic, en el que proponía descertificar el importe de ayudas por la grave situación económica y la paralización de las obras. Sin embargo, en septiembre de 2011, una reunión del patronato constituida por el presidente Felipe Romera, director del PTA, el vicepresidente Francisco Triguero, exsecretario general de Universidades, Innovación y Tecnología de la Junta de Andalucía, y el vocal Juan Manuel Suárez, rector de la Universidad Internacional de Andalucía, acordaron solicitar al gobierno andaluz una subvención excepcional de 11,5 millones de euros. Según el fiscal, parte era para el pago de los reintegros y 4,9 millones para terminar parcialmente el edificio y otros aspectos.

La Fiscalía resalta que Triguero era solicitante y adjudicador de la ayuda. Según la acusación, en diciembre de 2011, la fundación renunció a la subvención reglada, pese a haber cobrado 2,5 millones de euros. Se aceptó la renuncia en una resolución de Triguero y se devolvió el dinero cobrado. También se acordó pedir una subvención excepcional de 15,5 millones de euros «omitiendo datos» , como que el proyecto ya había recibido dinero público antes. «Era la única manera de que la Intervención informara favorablemente a dicha subvención excepcional», afirma la Fiscalía en su escrito, que remarca que la Consejería de Economía informó con disconformidad. Pero en enero de 2012 se permitió la concesión de dicha subvención, tras autorizarse el gasto en Consejo de Gobierno, por el secretario general de Universidades, Francisco Triguero, según el fiscal.

El Ministerio Público asegura que, si Intervención hubiera sabido de otras ayudas, «habría emitido informe de disconformidad por vulneración de la normativa que prohíbe que el importe de la subvención, aisladamente o en concurrencia, supere el coste de la actividad». En este caso, reseña la acusación, la subvención solicitada de 15,5 millones, junto a otras, supondrían 19,4 millones de euros, que superan los 16,9 millones del presupuesto inicial de Cibic .

Por todo esto, la Fiscalía pide tres años de cárcel para Trigero, Romera, Suárez y otros tres acusados por la comisión de un presunto delito contra la Hacienda Pública de fraude de subvenciones. El escrito de la Fiscalía también pide el pago de una multa de 2,5 millones de euros para cada uno en concepto de responsabilidad civil. Los acusados, de ser culpables, debería indemnizar a la Junta de Andalucía con esa cantidad.