El exsecretario andaluz de Universidades condenado a un año de prisión por fraude

El Juzgado considera probado que tramaron un plan para conseguir la financiación pretendida para finalizar el edificio, ocultando a la inspección la información relativa a ayudas previas concedidas al proyecto y que hubieran determinado la denegación de los importes solicitados a la Junta de Andalucía. El relato de los hechos se revela que, en septiembre de 2011, el Patronato de la Fundación acordó solicitar al Gobierno andaluz una subvención de 11,5 millones de euros , petición que se tramitó, acompañando diversa documentación, entre la que se encontraba una memoria técnico-económica explicativa de la construcción del edificio, que ya había recibido otras subvenciones públicas.

En noviembre de ese mismo año tuvo lugar otra reunión del Patronato, tras la cual los acusados, «conscientes de los obstáculos que suponían el haber recibido previamente subvenciones para la construcción del edificio por parte del Ministerio de Educación y Ciencia, así como la circunstancia de que sobre ellas pesaran procedimientos de reintegro, decidieron ocultar estos hechos». Fue entonces cuando el funcionario condenado requirió a una empleada para que redactara una nueva memoria técnico-económica «en la que se suprimieran las referencias a subvenciones anteriores» . Pese a la nueva memoria, la Intervención General de la Junta denegó la ayuda.

El tribunal entiende que esto se hizo «siguiendo las directrices de Francisco Triguero» para solicitar una nueva subvención de 15,5 millones, cifra en la que se incluía el importe de la subvención a la que se renunciaba. Esta segunda solicitud, junto con la memoria modificada, fue efectivamente presentada en diciembre de 2011. Se tramitó un nuevo expediente excluyéndose cualquier referencia a subvenciones anteriores. «Fruto de dicha ocultación, se emitió informe favorable» por parte de la Intervención andaluza en enero de 2012 y el propio Triguero propuso la concesión de la subvención que él mismo había solicitado .

El importe no llegó a ser entregado materialmente a la fundación. Sólo la cantidad de 2.555.221,95 euros se consideró abonada por la propia resolución, mediante la compensación con la deuda que la fundación asumía como consecuencia de la obligación de reintegrar la subvención a la que renunciaba. En total, entre el Gobierno central y la Junta aprobaron conceder 19,4 millones de euros, cuando la construcción del Cibic se fijó en 16,9 millones de euros.

Finalmente, el Juzgado de lo Penal 11 de Málaga los condena por el fraude , pero los absuelve del delito de prevaricación. A su vez, ratifica la absolución del resto de procesados, entre ellos el director del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), Felipe Romera, el exrector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) Juan Manuel Suárez Japón, la tesorera de la Fundación, Cristina Díaz, y la funcionaria, Inmaculada Vera.