Los ecos del «gilismo» dejan fuera de la ley las gasolineras de Marbella

La decisión viene tomada por la forma en la que se otorgaron las licencias en la época del GIL. «Las primeras se compraban por 50 millones de pesetas a José Luis Sierra», explica Francisco de Vicente , uno de los propietarios legales de gasolineras en Marbella. El negocio era redondo y Juan Antonio Roca lo amplió. Según el afectado, Roca promovía, construía y vendía la gasolinera con la licencia . «Se vendía por mucho más de 50 millones», asegura Inmaculada Gálvez , abogada de la acusación, quien explica que las gasolineras se construyeron en zonas verdes y sin garantías. «No conocemos cómo se encuentran, ni si son insalubres o peligrosas».

A ello se añaden las dos sentencias del Supremo que anulan el plan de urbanismo de 2010 y que devuelven a la ciudad al PGOU de 1986. Según esa norma, la construcción de esas gasolineras fue ilegal porque el suelo no tenía la calificación adecuada para albergar esa explotación.

Así las cosas, el futuro se antoja incierto para los dueños de esas licencias. «Algunos están intentando vender, pero si traspasan la gasolinera les van a pasar el problema a otro propietario», lamenta De Vicente, quien augura la generación de «terceros de buena fe» perjudicados también en este asunto.

Ante esta situación, desde la Agrupación Andaluza de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles ( Agavecar ) se van a pedir compensaciones por el daño causado cuando el juzgado revoque todos los casos. «Los que compraron la licencia no tienen derecho a compensación, pero las cinco gasolineras que son legales sí tienen derecho a través de la asociación», explica Gálvez, que añade que las compensaciones pueden ser millonarias . «Es imposible decir una cifra. El juzgado tiene que peritar cuánto han ganado las gasolineras ilegales en estos años y, en base a eso, se cuantifica la compensación», explica Ignacio Fernández , secretario técnico de Agavecar.

Unas indemnizaciones económicas que, según Inmaculada Gálvez, ahondarán en la herida que dejó el «gilismo» en las arcas de Marbella, pero que también afectarán a la Junta de Andalucía. « Las responsabilidades patrimoniales se deberán pedir al Ayuntamiento , que es quien vendió las licencias, pero también a la Junta de Andalucía porque no impugnó esas licencias y nunca las revisó para ver si eran legales», remarca la abogada, que además recuerda que en aquellos momentos hubo peticiones de revisión ante el gobierno andaluz que nunca fueron atendidas.