La Diputación de Málaga dejó sin cobrar el 42% de los expedientes de deuda

Se detecta que en el 27 por ciento de los casos ni siquiera se ha procedido a dar de alta un expediente provincial de ejecutiva (EPE) y que en el 15 por ciento restante sí se ha creado un EPE, aunque no se han llevado a cabo actuaciones por parte de las zonas recaudatorias y siguen pendientes de cobro. En otro 15 por ciento de los expedientes se procede a la anotación preventiva de embargo de bienes inmuebles en los registros de la propiedad, pero no se llevan a cabo las enajenaciones.

La Cámara de Cuentas resalta que el 49 por ciento de las deudas cobradas en ejecutiva en el organismo Junta de Andalucía ha sido como consecuencia de las actuaciones masivas efectuadas por el Patronato y dice que el 42 por ciento de los expedientes cuyas deudas han sido recaudadas en vía ejecutiva no han utilizado el módulo informático EPE. Asegura que el 77 por ciento de los expedientes tramitados por la Zona Junta de Andalucía que han sido declarados prescritos y que no ha habido ninguna actuación para evitarlo en un 36 por ciento de las ocasiones.

La Junta de Andalucía pide «adoptar las medidas necesarias para garantizar que todas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento recaudatorio, así como su documentación correspondiente, queden recogidas en su aplicación informática». Lo hace porque el 59 por ciento de los expedientes pendientes de cobro de la Zona Junta de Andalucía se ha detectado que no tienen ninguna actividad.

En el 25 por ciento de los casos se procede a la anotación preventiva de embargos, pero no se llevan a cabo las actuaciones encaminadas a la enajenación de los bienes embargados. Recomienda que «la u tilización del módulo del sistema informático EPE (expediente provincial de ejecutiva) debe ser obligatoria y no debe quedar al albur de los instructores del procedimiento de apremio». Además, avisa de que la agencia pública «debe proceder a la depuración de las deudas pendientes de cobro , pues en algunos supuestos se remontan a los años ochenta y noventa del siglo pasado».

Esta censura de la Cámara de Cuentas a la gestión de este Patronato de la Diputación Provincial se produce a raíz de una denuncia de dos trabajadores . En ella se ponía de manifiesto que, en una zona recaudatoria, la de la Junta de Andalucía, se habían detectado expedientes con graves deficiencias.

La Fiscalía Provincial de Málaga el pasado 31 de marzo de 2015 incoó diligencias de investigación penal. El 23 de mayo de 2017 del Juzgado de Instrucción 2 de Málaga acordó el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa. Sin embargo, la Cámara de Cuenta siguió indagando hasta emitir el informe que pone en entredicho la gestión realizada en el organismo que colaborar con los ayuntamientos de la provincia y otras administraciones públicas en la gestión de sus ingresos de derecho público.

En este sentido, el órgano de supervisión contable andaluz también recomienda al Patronato « llegar a acuerdos con los municipios y con la Junta de Andalucía para garantizar que los bienes muebles susceptibles de embargo (vehículos, embarcaciones, etc.) queden depositados en locales o recintos adecuados y, de esta manera, hacer efectiva la traba de los citados bienes», ya que muchas enajenaciones no se llevaron a cabo por falta de espacio para almacenar.