Saquean 100 millones de euros a una empresa en concurso de acreedores de Málaga

Se les atribuye a todos las comisión de delitos de insolvencia punible, apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Se han efectuado cuatro registros: dos en Málaga capital, uno en Marbella y otro en Casarabonela.

En el domicilio del propio administrador concursal se intervinieron 426.000 euros en efectivo. Además, en esta fase se incautaron de un coche de alta gama y joyas por valor de 350.000 euros. Se estima que se bloquearon activos financieros por valor de 2,5 millones de euros. Por eso se ha decretado la prohibición de disposición y enajenación de 173 inmuebles y 13 vehículos, valorados en 143 millones.

La investigación del Grupo II de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Comisaría de Málaga ha estado bajo las dirección del Juzgado de Instrucción 3 de Málaga y la Fiscalía de la Sección de Delitos Económicos. Las pesquisas comenzaron en septiembre de 2023 contra la red investigada, a partir de una denuncia en el juzgado. Según las pesquisas, la trama inició su actividad en 2017, cuando entraron en concurso de acreedores las sociedades del grupo constructor.

A lo largo de la investigación se detectaron numerosas operaciones mercantiles con las que el administrador concursal, según la Policía Nacional, actuando contra los intereses legítimos de las numerosas empresas acreedoras y faltando al mínimo deber de diligencia, enajenó multitud de bienes propiedad de las empresas concursadas a miembros del entramado criminal a precios de venta muy alejados del valor de mercado.

Por ejemplo, se vendieron plazas de aparcamiento por 1.500 euros en barrios residenciales de Málaga como Teatinos. Al mismo tiempo se ha detectado la venta de 14 viviendas en construcción en Estepona por apenas 70.000 euros. La Policía asegura que dispuso de activos de las sociedades en liquidación fuera de los cauces concursales en condiciones de venta muy favorables para la organización.

Además, se le achaca que imposibilitó la adquisición de activos por terceros de buena fe interesados en los mismos, ocultando y manipulando información con objeto de esconder la actividad delictiva llevada a cabo.

Según los investigadores, ha quedado demostrada la acción conjunta y connivente con el exdirector financiero del grupo empresarial, el cual partía con información privilegiada sobre los activos de gran valor propiedad de las empresas concursadas. A este se le imputa que aprovechó su situación para dirigir los bienes más preciados hacia empresas gestionadas por la organización criminal.

Para todo ello, los sospechosos habían creado un entramado paralelo de compañías que figuraban a nombre de familiares de los principales investigados. Estas nuevas empresas eran utilizadas como instrumento para realizar actos fraudulentos encaminados a convertir a sus integrantes en los grandes beneficiarios de la masa de activos que poseían las sociedades en liquidación.

En este sentido, la Policía Nacional pudo constatar numerosas operaciones que escondían fondos desviados de las sociedades concursadas a las recién creadas por la organización. Se hacía por supuestos servicios prestados y bajo el falso concepto de «facturas». En la práctica suponían el ingreso de un dinero que destinaban a la compra de activos de los concursos: bienes inmuebles, derechos de cobro de entidades públicas pendientes de cobro, créditos, entre otros.

Los activos del entramado fueron pagados por las propias concursadas, lo que supuso un doble perjuicio a los legítimos acreedores. Finalmente, el concurso finalizaba sin poder hacer frente a las deudas que pesaban sobre las empresas del grupo empresarial, aún contando con un patrimonio millonario, valorado en el plan de liquidación y presentado por el administrador concursal en 200 millones de euros.

De la investigación llevada a cabo se acreditó que la organización directamente se lucró de manera ilícita de bienes propiedad de las empresas concursadas valorados en más de 100 millones de euros, imposibilitando las legítimas expectativas de cobro de la mayoría de acreedores.