Los recursos de los vecinos para mantener a raya a los turistas en las piscinas de Andalucía

La presidenta del Consejo Andaluz de Administradores de Fincas, Mercedes Romero, explica a ABC que se trata de un problema coyuntural que afecta en distinta escala en función del destino. Desde su experiencia en Córdoba, asegura que aquí «las viviendas de uso turístico están en zonas del centro y la judería, áreas que no tienen piscinas comunitarias». Si bien, reconoce que la situación es distinta en provincias como Málaga y Sevilla, por las características de comunidades y por el hecho de que ambas, junto con Cádiz, lideran el boom de viviendas turísticas que ha surgido de manera exponencial en los últimos años, con Málaga a la cabeza acaparando la mitad de la oferta andaluza (41.038 según el Instituto Nacional de Estadística).

«Málaga tiene más apartamentos turísticos que cualquier otra ciudad de España, y eso incluye muchas comunidades con piscinas», sostiene el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de la provincia, Manuel Jiménez. Aunque matiza que no hay un «clamor popular» de los vecinos por el uso indebido de las piscinas, sí confirma que las molestias son recurrentes durante el verano y se suman al resto de «incomodidades» que genera la presencia de pisos turísticos en comunidades de propietarios.

En este sentido, Jiménez alude, además, al tipo de propiedades y la manera en que se esté explotando esa vivienda turística. «No es lo mismo cuando son gestores profesionales que cuando nos encontramos con viviendas que están en zonas realmente residenciales, en barriadas, por ejemplo, y no existe una gestión profesional del alquiler. Ahí es cuando suele haber muchísimos problemas».

En la capital, que el pasado fin de semana acogió unamanifestación masiva por los problemas de acceso a la vivienda que está generando el alquiler turístico, la red de este tipo de alojamientos se extiende mucho más allá del centro histórico, área en la que, como el caso de Córdoba, las comunidades carecen de piscinas. No ocurre lo mismo en Málaga Oeste y el entorno del Paseo Marítimo Antonio Banderas o en el entorno de Pedregalejo o El Palo, donde sí hay ahí «urbanizaciones y edificios que cuentan con piscinas, ya sea en el recinto o en la cubierta del edificio».

Las comunidades de vecinos, a través de sus juntas de propietarios, tienen la capacidad de establecer ciertas normativas para regular el uso de las zonas comunes, incluyendo las piscinas. Según la legislación actual, como explica Mercedes Romero, las comunidades pueden limitar el uso de las viviendas turísticas si lo aprueban con una mayoría cualificada de tres quintos del total de propietarios. Esto permite implementar, entre otras medidas, el uso de tarjetas o llaves magnéticas para controlar el acceso a la piscina, limitando el uso a un número determinado de personas.

Según el presidente del colegio malagueño, esta es la fórmula por la que optan la mayoría de comunidades para poner raya a los turistas cuando han empezado a sufrir problemas de convivencia, puesto que los propietarios no pueden «discriminar o prohibir el acceso a ese servicio» a los inquilinos de viviendas turísticas.

Para asegurar una convivencia pacífica, ambos administradores coinciden en la importancia de que los propietarios informen a los inquilinos temporales sobre las normas de la comunidad. Estas incluyen horarios de apertura y cierre de la piscina, prohibiciones de comportamiento (como fumar o comer en el área de la piscina), y el respeto por el descanso de los vecinos. «Partimos de la base de que las personas van a cumplir las normas», señala Romero, quien también menciona la presencia de controladores en algunas piscinas que pueden amonestar a quienes infrinjan las reglas.

En Málaga, las quejas más comunes incluyen el uso excesivo de la piscina por parte de los turistas, el incumplimiento de las normas y el ruido. Unos problemas que, según confirma, «se agravan en zonas costeras como Fuengirola, Marbella y Torremolinos», donde se generan «más fricciones» por el uso de las piscinas.

Desde los colegios de administradores de fincas, la postura es clara: abogan por una regulación equilibrada que permita la convivencia sin conflictos. «No estamos en contra de los pisos turísticos, pero es necesario poner límites para evitar la saturación», concluye Jiménez.

Esta misma semana, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha anunciado nuevas medidas para regular el alquiler temporal y dar a las comunidades de vecinos la potestad de prohibir los apartamentos turísticos. Estas reformas buscan «empoderar» a las comunidades y permitirles decidir si quieren o no pisos turísticos en sus bloques, lo cual podría aliviar parte de las tensiones de las que se quejan los residentes. Desde el sector están de acuerdo con la medida al considerar de justicia que sean los vecinos quienes tengan el control de los que se hace en su propia comunidad.

Esta iniciativa se complementa con una adaptación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para limitar los alquileres temporales a causas demostrables, como estudios universitarios o investigaciones. El objetivo es evitar el fraude y garantizar que los contratos de alquiler temporal no se utilicen para evadir la regulación de alquiler tradicional, que incluye topes en la actualización anual de las rentas y límites en los precios en áreas tensionadas.