Nuevo agravio a Andalucía: el Gobierno inicia el tercer carril de la A-8 vasca mientras la A-7 sigue atascada en la costa mediterránea

La comparación agravia: en la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar, los atascos de la A-7 son cotidianos y se ceban en tramos críticos que llevan años señalados por expertos y alcaldes. El cuello de botella de Marbella (San Pedro–Puerto Banús) convierte en epopeya recorrer apenas 4 kilómetros en verano, y la saturación se extiende por el eje Málaga Este-Rincón-Vélez y por Algeciras-San Roque, donde confluyen tráfico portuario, turístico y laboral. Desde 2017 se viene reclamando el tercer carril en Marbella y, en paralelo, desdobles en los otros dos tramos; sin embargo, el Gobierno central no ha licitado obras ni ha fijado un calendario cierto.

La oposición andaluza y el tejido económico han elevado el tono. El PP ha logrado aprobar en la Comisión de Transportes del Congreso una proposición no de ley que insta a construir terceros carriles en los tres puntos negros de la A-7 y a aplicar medidas de choque, carriles reversibles en horas punta, uso temporal de arcenes, equipos de retirada rápida de vehículos y nuevos enlaces, mientras llegan las excavadoras. Los populares han subrayado que no se trata de promesas sino de plazos y máquinas; la Junta ha reclamado «igual trato» al dispensado a otras regiones.

Lejos de aportar certezas, Óscar Puente ha esgrimido el urbanismo como coartada. El ministro ha afirmado que, al plantear un tercer carril en la A-7, «nos topamos con piscinas», en alusión a la presión edificatoria junto a la autovía. Esa explicación no resuelve ni los embudos ni la desigualdad territorial que se agrava cuando su propio departamento acelera la A-8 en el Cantábrico y frena en Andalucía. Además, desde filas socialistas se ha supeditado el avance del proyecto de Marbella al planeamiento municipal, pese a tratarse de una infraestructura 100% estatal.

A la ausencia de obra en la A-7 se suma el peaje de la AP-7 Costa del Sol, la autopista más cara de España, y con recargo estival que expulsa a miles de conductores hacia la autovía gratuita. En temporada alta, el trayecto completo Guadiaro–Fuengirola (104 km) alcanza 18,85 €, un 62,5% más que en invierno, con un coste cercano a 0,18 €/km. El resultado es conocido: congestión crónica en la A-7 y una autopista de pago cuyo precio se vuelve disuasorio para trabajadores y estudiantes.

El Gobierno central se ha escudado en la concesión privada de la AP-7 malagueña, que se extiende hasta 2046 y 2054 según tramos, para rechazar su liberación a corto plazo. A cambio, ha puesto sobre la mesa bonificaciones para usuarios recurrentes, descuentos por frecuencia y retorno gratuito en el día, que la Junta y los ayuntamientos consideran insuficientes y tardías. La oposición ha recordado que el mismo Ministerio sí ha levantado peajes o los ha bonificado al 100% en otras circunvalaciones revertidas al Estado, como en Alicante, y exige un trato equiparable para la Costa del Sol mientras no haya alternativa ferroviaria.

El agravio no se limita a la A-7. En el eje Sevilla–Cádiz, la liberación del peaje de la AP-4 llegó sin los imprescindibles cambios de sentido y nuevas incorporaciones, y cada saturación convierte la vía en una ratonera de la que es difícil salir. El tercer carril entre Sevilla y Las Cabezas fue anunciado hace dos años y ya se ha adjudicado la redacción para 41 kilómetros, pero los trabajos materiales siguen sin fecha. Pesa además el precedente de julio de 2023, cuando un camión atravesado obligó a cortar la calzada más de once horas en plena ola de calor, dejando a miles de viajeros atrapados.

En Granada, el carril reversible de la A-44 entre la capital y la Costa Tropical se ha demostrado claramente insuficiente en los picos estivales. Pese a habilitarse desde junio los domingos por la tarde, entre los puntos kilométricos 158,500 y 143,520, y 182,400 y 168,400, para garantizar tres carriles hasta el enlace con la GR-30 en Otura, el primer fin de semana de julio ya se formaron largas colas a la altura de Otura y Padul (km 143,05–145,85) y entre Padul y Cozvíjar (km 150,2–154,27). Sin aumentar la sección de la vía, la DGT solo puede paliar, pero no evitar, el colapso.

La falta de ambición en el eje Sevilla-Huelva vuelve a quedar en evidencia: la A-49 ha arrastrado durante todo el verano retenciones desde el Aljarafe y, por ahora, el Ministerio solo ha licitado la redacción de la ampliación entre Huelva y San Juan del Puerto por 14 millones. En paralelo, la Junta ha tenido que sacar adelante con fondos propios el tercer carril de la A-483 (Almonte–El Rocío), adjudicado por 25 millones, para aliviar el acceso a Matalascañas tras tres décadas de espera. El resto del corredor continúa sin calendario ni proyecto integral pese a que las colas se repiten en cada operación salida y retorno hacia la costa onubense, con la IMD disparada en verano. Sin un plan provisional serio, carriles adicionales temporales, gestión dinámica de accesos o refuerzo de enlaces, el Aljarafe se convierte en un tapón recurrente y el Estado aplaza la solución estructural que los conductores llevan años reclamando.

Tampoco sirve como coartada la conservación. En los últimos años se han ejecutado reasfaltados, mejoras de seguridad en túneles y rehabilitación de pasarelas en la A-7 por algo más de 12 millones de euros en la provincia de Málaga. Son actuaciones positivas, pero no aumentan la capacidad ni atacan el problema estructural. El tercer carril de San Pedro-Banús, valorado por el Ayuntamiento de Marbella en torno a 17 millones de euros y avalado por unanimidad desde 2017, sigue en un cajón.

La realidad es que Andalucía no pide privilegios, sino equidad. Si el Ministerio ha sido capaz de diseñar y priorizar la ampliación de la A-8 en el Norte, también puede calendarizar y licitar ya los terceros carriles que la A-7 necesita en el litoral andaluz. Y, mientras llegan, es necesario abaratar la AP-7 con bonificaciones eficaces que incentiven su uso cotidiano. La doble vara de medir con la que el Gobierno está gestionando estas infraestructuras castiga a los conductores andaluces y lastra la competitividad de las provincias del Sur.