El Gobierno tacha de «ilegales» 16.000 pisos turísticos andaluces

«Había que poner orden en las viviendas y en los apartamentos turísticos», señaló con una sonrisa el presidente, que dijo que el registro único de arrendamientos ha detectado «miles de irregularidades» que iban a solucionar.

Sin embargo, la competencia para suprimir las licencias de las viviendas turísticas no es estatal, sino que está en la comunidades. En el caso de Andalucía se están llevando a cabo supresiones a peticiones de los ayuntamientos, que piden al Gobierno regional quitar la licencia de explotación a los pisos turísticos cuando no cumplen las ordenanzas que regulan su apertura en la ciudad.

El propio consejero andaluz de Turismo, Arturo Bernal, salió ayer ha desmentir a Pedro Sánchez de manera rotunda. «Las viviendas que pretende sacar del registro no son ilegales, tan sólo no pueden ser publicitadas en plataformas a causa de una norma de más que dudosa legalidad», apuntó Bernal que dijo que esa norma «nació muerta, con la oposición del Consejo de Estado y el aviso de Europa de iniciar un expediente por invasión de competencias, además de con un recurso ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo».

Por tanto, lo único que puede hacer el Ministerio de Vivienda es revocar estas viviendas turísticas y rechazar su inscripción en el Registro Único de Arrendamientos, que ha entrado este año en vigor, para pedir a las plataformas 'online' de alquileres como Booking, Expedia o AirBNB que no las publiciten en internet. Es lo único que hará Pedro Sánchez, pese a su anuncio, ya que no pueden cancelarlas por ser una competencia autonómica.

El Gobierno de Pedro Sánchez puede exigir a estos portales que las eliminen de su espacio virtual, pero podrán seguir operando como viviendas turísticas y por tanto no pasarán a ser «alquileres constantes, permanentes para la gente joven, las familias de este país» si sus propietarios no lo deciden o la Junta de Andalucía no las cancela por incumplir las normativas locales de los Consistorios.

Además, la norma aparejada a ese registro está a la espera de ser dotada de un régimen sancionador claro. Por lo que el Gobierno de Pedro Sánchez tampoco tiene todavía medidas de presión o coercitivas para poder imponer la retirada a esas plataformas, que nutren su negocio con los catálogos de viviendas y, entre menos registros tenga, menos volumen de facturación generan.

De este modo, Bernal también ha cargado contra el reglamento que Sánchez presentó en Málaga como la solución mágica al problema. «Esta norma, por la que se habilita al registro de la propiedad, ha generado una gran inseguridad jurídica que perjudica de forma directa al administrador y al propietario de las viviendas», advirtió el consejero, que añadió que los ciudadanos «son los grandes perjudicados de este desastre».

«El Gobierno central volvió a mentir a los andaluces. Prometieron que en el mes de julio dejaría de haber VUT ilegales en las plataformas y a fecha de hoy, no se ha eliminado ni un solo anuncio de esas viviendas», afirmó Bernal.