Fincas, coches, casas y empresas: las inversiones que ataron al cabo corrupto de Algeciras

Los datos salieron en una investigación de 2012 del Juzgado de Instrucción 2 de Algeciras sobre falsedad documental y blanqueo de capitales. Se apuntó a un jefe de servicio de la sección aduanera. Entró Asuntos Internos y descubrió, tirando del patrimonio, un grupo que colaboraba con organizaciones criminales para dejar entrar mercancías ilegales.

La investigación patrimonial revela un alto poder adquisitivo, que la Fiscalía achaca en su escrito de acusación a la comisión de varios delitos: pertenencia a organización criminal, contrabando, cohecho (sólo los funcionarios públicos), omisión del deber de perseguir el delito, falsedad documental y blanqueo de capitales. Al líder de la trama se le achaca un amplio entramado societario «para tratar de enmascarar los beneficios obtenidos de sus actividades delictivas».

El jefe de servicio tenía seis empresas pantalla, con capitales de 3.000 a 5.000 euros, para la gestión de automóviles o bienes inmobiliarios. El Ministerio Público explica que los pagos de estas entidades se hacían con «ingresos en efectivo» y «no provenían de ninguna de las cuentas de los acusados o de las sociedades», sino de los «beneficios generados por las actividades delictivas».

Así, la investigación localizó al cabo primero y a su esposa un solar en Coín con un préstamo pagado «mediante ingresos en efectivo». Un terreno en extramuros del castillo de Castellar de la Frontera, así como otra vivienda en Coín a nombre de familiares del cabo primero, otra segunda vivienda en la misma localidad de Málaga y dos naves industriales en El Zabal de La Línea. La Fiscalía apunta a que, en esa misma ciudad, la sociedad que administraba la hija del guardia civil, adquirió también un terreno.

Se le achaca asimismo la compra de una vivienda en Estepona y otra en la avenida Europa de Algeciras. Se investiga un desglose de propiedades adquiridas desde 1997, pero la investigación sobre el cabo primero se acota desde 2009 a 2014. La Fiscalía relata que la familia percibió de forma legal 178.633,80 euros en esos años. El cabo primero algo más de 141.000 euros. Por eso no cuadraba todo ese patrimonio. En sus empresas trabajaban su esposa, hija, hermano y un empleado al que también se le achaca blanqueo de capitales.

La acusación pública estima que el guardia civil blanqueó más de 330.000 euros, mientras que su mujer y su hija pusieron en el circuito legal más de 140.000 euros. Cantidad parecida a su hermano, con 131.600 euros, pero menos que el empleado de una de sus empresas con 33.986 euros. A este último no se le conocían ingresos anuales entre 2009 y 2001 superiores a 14.500 euros.

El dinero del guardia llevó hasta un supuesto contrabandista con antecedentes y una condena a seis años y nueve meses por estas actividades. A éste sólo le constaba una retribución de 2.800 euros en 2013, pero llevaba un alto nivel de vida. El Servicio de Asuntos Internos constató la relación entre los dos sujetos y vio que el presunto traficante tenía dos empresas en Puerto Banús para la gestión de coches e inmobiliaria. La primera con un capital social de más de 330.000 euros.

Con estas empresas se pagaron desde empeños de grúa a compra de marcas comerciales, pasando por un Audi A8, un préstamo o dinero para un negocio de tabaco en Gibraltar. Además de comprar una embarcación, pagar la reparación y trasladar otra de Marbella a una finca en Fuengirola. Del mismo modo se hizo con fincas rústicas en Chiclana, pagó a su familia motos, colegios o alquileres de vivienda y hasta le fue intervenido por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil uno de los barcos que había comprado.

Además, al llegar el verano pagó en efectivo una fiesta para cien personas por su cumpleaños con menaje (1.440 euros), comida de barbacoa (750 euros), camareros (260 euros) y un espectáculo flamenco (1.400 euros). Una vida en la que a uno de sus colaboradores le incautaron 260.000 euros en efectivo. Tanto el socio del guardia como su familia llegaron a blanquear más de un millón de euros.

El patrimonio de estos dos cabecillas llevó a la desarticulación de la trama. Asuntos Internos realizó las detenciones cuando pretendían introducir 500.000 cajetillas de tabaco. El Ministerio Público narra cómo prepararon la logística con mensajes, reuniones secretas en un McDonalds y hasta la modificación de documentos, para que el tabaco pudiera pasar sin ser interceptado.

Los teléfonos estaban pinchados y fueron todos detenidos. Ahora el cabo primero se enfrenta a más de 40 años de prisión, mientras el resto tienen peticiones de penas más leves, que en el caso de los guardias civiles están por encima de los 15 años. Al contrabandista sólo se le piden seis años por .