Las diez recetas del alcalde de Estepona para reformar la Administración local

1. El acto de aprobación por parte de un Ayuntamiento debe tener carácter ejecutivo. García Urbano propone un sistema de aprobaciones basado en la corresponsabilidad entre Administraciones. ¿Por qué no revestir de legitimidad los actos de los Ayuntamientos?, se pregunta. Así se evitarían trámites, se acortarían plazos, se reducirían gastos y se acabaría con las «deslealtades institucionales». Y eso sí, las Administraciones superiores –autonomías o Gobierno central- ejercerían un posterior control.

2. Eliminar el sistema de autorizaciones, licencias y permisos por el de responsabilidad. Se trata de situar al mismo nivel la presunción de legitimidad del acto de la Administración con la presunción de validez del acto del administrado. Sólo con presentar un proyecto debidamente formulado por un profesional responsable se podría acometer de inmediato la obra deseada para eliminar, de nuevo, trámites, plazos y gastos. Los servicios municipales de urbanismo actuarían después para controlar y comprobar que se cumple la normativa.

3. Responsabilidades civiles de los políticos por actos no ilícitos lesivos para el bien común. Igual que los administradores de sociedades mercantiles que llevan a éstas a situaciones de insolvencia la tienen, los gestores públicos deben tener responsabilidad patrimonial personal por actos no ilícitos pero que ocasionen daño patrimonial a la Administración. «Aquí no se obliga a venir a nadie, pero el que venga que sepa cuáles son las consecuencias».

4. Eliminar el sistema de tres aprobaciones públicas para actuaciones urbanísticas. Reducir a dos las aprobaciones de los instrumentos urbanísticos: aprobación inicial, exposición pública, resolución de alegaciones y aprobación definitiva . Al igual que ya se hace con las ordenanzas fiscales.

5. Acortar los plazos de resolución o emisión de informes y generalizar el silencio positivo. Sólo así se conseguirá evitar el «colapso». García Urbano aboga por acortar «enérgicamente» esos plazos «de tres, seis o doce meses, cuando la experiencia demuestra que el trámite necesita a lo sumo varias horas de trabajo».

6. Límite a los ingresos de los Ayuntamientos. Un IBI nacional. Frente a la tendencia de algunos alcaldes de subir tributos cuando la cosa viene mal dada o tienen expectativas mayores de gasto, imponer un límite de ingresos ordinarios. Un Impuesto sobre Bienes Inmuebles fijado a nivel nacional eliminaría esas veleidades.

7. Imponer las subastas como método de contratación pública y eliminar la arbitrariedad en los procedimientos para apoyar a los inversores. En cuanto a los contratos, generalizar las subastas entiende el alcalde de Estepona que traerá menores costes para los Ayuntamientos y plazos más cortos. García Urbano no entiende tampoco cómo inversiones de millones de euros pueden estar al socaire de respuestas dilatadas de otras administraciones . «Con la suma de proyectos que hay pendientes en mi municipio se acabaría de un plumazo con el desempleo», asegura.

8. Empadronamientos obligatorios. Una medida que firmaría cualquier alcalde de municipio del litoral andaluz. «Vivimos sobre falacias», explica García Urbano, puesto que el número oficial de habitantes en este tipo de municipios no suele tener nada que ver con el real , y es sobre el primero que se calculan los ingresos procedentes del estado o la autonomía o los estudios sobre escolaridad y sanidad-

9. Apostar por gestiones mancomunadas en los ayuntamientos. El suministro de agua, la recogida de residuos, mantenimiento de playas podría externalizarse de manera común a todos los municipios de la Costa del Sol.

10. Transparencia. Publicar con carácter periódico «si puede ser a diario» la relación de los empleados municipales, las decisiones de gasto que se adopten, las empresas que se contratan, las subvenciones que se otorguen, y sus beneficiarios; los medios que reciben los cargos públicos (tarjetas, coches, teléfonos…).