Los magistrados de Violencia Machista de Andalucía alertan de colapso por exceso de atribuciones

Los magistrados de Violencia contra la Mujer de Andalucía alertan del más que potencial colapso de su actividad, de por sí tensionada, tras los preceptos de las últimas directrices internacionales de violencia de género y doméstica del pasado mayo así como del Convenio de Estambul, que integra España.

La cuestión se resume en una «ampliación desmesurada de las competencias», explica el magistrado Francisco Manuel Gutiérrez Romero, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número dos de Sevilla.

Si desde la Ley orgánica 1/2004 se consideraban delitos en materia penal en este sentido aquellos casos en los que existía una relación de afectividad o matrimonio —en vigor o ya disuelto— entre el agresor, varón; y la persona agredida, mujer; el marco normativo mundial ha incluido «los delitos sexuales, los de mutilación genital, los de hostigamiento con connotación sexual o los de tráfico de personas con fines de explotación sexual. Sólo importa que los haya sufrido una mujer, más allá de la relación con el autor», explica en relación a este conjunto de delitos que hasta ahora asumían los Juzgados de Instrucción.

A su juicio, es el resultado de un problema de conceptuación. «En España tenemos un sistema híbrido respecto a Europa. En los otros países son los juzgados de Instrucción, de carácter penal, los que asumen todas estas competencias. Si la víctima es mujer o pareja del agresor es lo mismo que si simplemente ha coincidido con él por la calle. El mecanismo en España tiene cosas muy positivas, pues nos permite conocer la estructura más íntima, la familiar, cuando se producen hechos delictivos que son a menudo difíciles de probar y requieren de una formación complementaria», incide Gutiérrez.

Por ello, aunque el cambio nace con la mejor intención posible, debe insertarse en una modalidad judicial que recibía 700 u 800 asuntos penales al año en 2004 y que ahora registra más de 2.000. Todo con la misma estructura de juzgados de guardia que trabajan tres días consecutivos de 9 a 21 horas.

«Si efectivamente consideramos que debemos cumplir con el Convenio de Estambul y el resto de normativa habrá que dotar a los juzgados de los recursos necesarios. No sólo incrementando de forma proporcional el número de plazas de jueces sino también las de los funcionarios de la oficina judicial», añade el magistrado desde la sapiencia que dan 17 años de profesión.

El sector no oculta su desgaste. No son pocos los que afirman que a menudo se salvan los procedimientos a costa de la conciliación familiar y la propia salud. A veces incluso precisan terapia psicológica porla crudeza de los casos.

Eso sí, entienden que la sobrecarga a la que se van a ver abocados también dejará unas consecuencias nefastas en las propias mujeres: «Cada vez existen más recursos económicos e institucionales para la protección de la víctima, como los centros de acogida y pisos tutelados, los puntos de información a la mujer, terapias y ayuda psicológica, convenios de colaboración… ¿Por qué no se invierte en el ámbito judicial? Al final damos una falsa esperanza a la víctima porque termina sufriendo un nuevo maltrato del sistema. Lo percibe como pérdida de tiempo y hace que luego no vuelva a denunciar», recalca con dureza.

Recientemente pasó al Senado un proyecto de Ley orgánica de eficiencia de la Administración de Justicia, ya aprobado por el Congreso, que contempla una remodelación de la estructura de demarcación y planta judicial para que afronte la ampliación de competencias. Sin embargo, en palabras del magistrado, «no es más que un mero cambio terminológico», convirtiendo los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y los Juzgados de Instrucción en un único Tribunal de Instancia con dos secciones.

«Este juzgado —en referencia al número 2 de Sevilla— no es que es no esté preparado, es que carece absolutamente de medios y recursos», reconoce al mismo tiempo que indica como el de Cádiz tiene que asumir también los procedimientos de San Fernando y de Chiclana de la Frontera.

Los profesionales esperan que el Partido Popular, que tiene mayoría en el Senado, haga una enmienda a la totalidad y se rechace el proyecto. Al volver al Congreso con las iniciativas políticas de los distintos partidos se pueden introducir enmiendas parciales que eviten este colapso anunciado.

Por otra parte, Gutiérrez afea que, dos décadas después de la entrada en vigor de la citada ley orgánica de 2004 no se cumpla el principio de especialización en los órganos de enjuiciamiento y en las Audiencias Provinciales. «Por tomar el símil sanitario, los Juzgados de Violencia contra la Mujer actuamos como cirujanos, pero cuando llega el paciente al quirófano lo opera un profesional que no tiene la especialidad de cirugía», explica con intención divulgativa.

En ese sentido, la formación en violencia no es sólo jurídica, es integral, pues implica un apartado social y uno profundamente psicológico, que se obtiene del trato continuado con las víctimas, los facultativos, psicólogos, trabajadores sociales, médicos forenses... «No es un delito normal en el que basta con aplicar nuestros conocimientos jurídicos, sino que requiere un plus, una perspectiva de género», incide sobre unas nociones recogidas en un curso de integración, adaptación y formación que en cambio no es exigible en la Segunda Instancia. De hecho, sólo lo pueden hacer los miembros de la carrera judicial que solicitan en un concurso una plaza de Violencia y se la adjudican. Siempre con carácter previo a la toma de posesión.

Por ello, asegura que este incumplimiento del principio de especialización «está poniendo en duda nuestra promoción profesional y está repercutiendo en la calidad de las resoluciones judiciales».