La Justicia castiga con la cárcel el enchufismo de familiares y afines del PSOE en la Junta de Andalucía

Desde su contratación, el 1 de julio de 2003, hasta la extinción de la Faffe y su integración en el actual Servicio Andaluz de Empleo (SAE) el 2 de mayo de 2011, la Junta de Andalucía le pagó un total de 359.973,51 euros por no hacer nada. Son hechos probados recogidos en una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla que fue notificada este miércoles 30 de abril a las partes del proceso.

El enchufe le ha costado al que fuera alcalde de su pueblo durante 24 años, ya jubilado, una condena de dos años y tres meses de prisión y cuatro años de inhabilitación absoluta como cooperador necesario de un delito de malversación, y otros cuatro de inhabilitación especial para empleo o cargo público por otro delito de prevaricación.

El autor material de los citados delitos fue Fernando Villén Rueda, el ex director general de la Faffe y antiguo miembro de la Ejecutiva del PSOE andaluz (2008-2010), a quien le han caído tres años y medio de cárcel por contratar a Torres sin proceso selectivo, «por su sola voluntad, amistad y afinidad política», según concluye la sentencia. Ambos tendrán que indemnizar conjunta y solidariamente a la Junta de Andalucía con 359.973 euros.

El horizonte penal del que fuera máximo responsable de esta entidad, que estuvo ocho años funcionando, no hace más que oscurecerse. En septiembre de 2023, un tribunal presidido por la juez Mercedes Alaya lo condenó a seis años de prisión por costear con dinero público juergas en clubes de alterne, en otra pieza de la macrocausa de corrupción vinculada a esta fundación que se financiaba «con numerosas subvenciones a la formación con una ingente cantidad de dinero público». Villén aún no ha entrado en la cárcel, entre otras razones, porque la sentencia no es firme.

Creada en 2003 para proporcionar formación a los parados andaluces, la Faffe funcionó como una agencia de colocación de afines y familiares del PSOE hasta mayo de 2011, cuando el entonces presidente de la Junta, José Antonio Griñán, decidió disolverla.

En la Faffe encontraron un empleo público esposas, cuñados, sobrinos, hermanos, hijos, amigos de la infancia, concejales y hasta tránsfugas de otros partidos que permitieron al PSOE ganar alcaldías como la de Camas, en Sevilla. Antonio Torres fue uno más dentro de una lista de, al menos, 84 personas contratadas irregularmente que están siendo investigadas por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. La mayoría sigue cobrando una nómina de la agencia que gestiona las oficinas de empleo en la Comunidad.

La sentencia dictada el pasado 29 de abril representa la primera condena de cárcel contra el enchufismo de los gobiernos del PSOE en la extinta fundación de la Junta de Andalucía. Aunque se trata de un caso que tiene perfiles propios porque Torres «es contratado y no trabaja», el tribunal sugiere que el nepotismo fue una práctica generalizada. Y así lo hace constar: «La contratación en la Faffe es al libre arbitrio del acusado Villén con colocación de personas afines, enchufados». El Patronato que regía la fundación, «contrariamente a lo que expone su defensa, no aprueba el proceso de selección», puntualiza.

Lo que tiene de particular el caso del exregidor lebrijano, lo que lo distingue del resto, es que, aparte de que su contratación fue «ilegal», «tampoco llevó a efecto el cometido» que le habían encargado. «Pudo haber otras personas contratadas por el mismo método que el acusado Torres, pero no consta que recibieron sueldo sin asistir a su puesto de trabajo», precisa la sala.

La resolución constituye un reproche penal a todo un sistema de ejercer el poder que permitió al PSOE mandar durante casi 37 años y cosechar hasta cinco mayorías absolutas, pero que no logró sacar a Andalucía de su postración secular en las tasas de paro, pobreza y convergencia con Europa. De la misma manera que los gobiernos socialistas crearon el mecanismo clientelar de subvenciones de los ERE mediante el traspaso de fondos a un ente externo, la denominada agencia IDEA, crearon fundaciones como la Faffe para procurar un empleo u una red de protección a allegados y afines al partido. El sistema de los ERE posibilitó repartir 680 millones de euros entre empresas elegidas de manera caprichosa, sin control de los interventores ni del destino de las ayudas.

En ambos casos desde el poder se ideó una cadena de favores políticos a costa del dinero público con la lucha contra el desempleo como coartada. Como aleccionaba el director de The Boston Globe a sus redactores en la oscarizada película sobre periodismo 'Spotlight', «la gran historia no está en los individuos, está en la institución; práctica y política, hay que apuntar contra los males del sistema».

Aprovechando los cerca de 300 millones de euros que durante ocho años inyectó el Ejecutivo en la fundación a través de subvenciones excepcionales, el PSOE fue tejiendo una malla clientelar. La Faffe se convirtió en una máquina «fraudulenta» de desvío de fondos públicos a través de contratos amañados, facturas ficticias endosadas a las ayudas y enchufes masivos de personas próximas a los que mandaban en Andalucía, según ha destapado la investigación de la Guardia Civil.

El caso del exregidor de Lebrija daría para un sainete sino fuera porque supuso un quebranto para los andaluces que ningún beneficio obtuvieron por los servicios de quien fue contratado tras perder la Alcaldía de su pueblo en las elecciones de 2003. Sucedió lo contrario. «La irregularidad de la contratación de Torres por parte de Villén tenían como objetivo el proporcionarle a aquel un beneficio económico con la consiguiente desviación del dinero procedente de las subvenciones y patente empobrecimiento del erario público», concluye la sentencia. Ésta no es firme y puede ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La ignorancia no cuela como pretexto para los magistrados. Fernando Villén es «hombre de partido político» y Torres fue gestor municipal. Por tanto, ambos conocen que «la contratación tiene que cumplir los principios de mérito y capacidad», esgrimen.

«Según su curriculum vitae en expediente personal, [Torres] solo impulsó tres convenios (defensa, OTP y mujeres progresistas). El resto de actividades fueron proyectos sin éxito ni desarrollo alguno, así en actividades como proyecto FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) su intervención se limita a dos correos o cartas o llamadas; con Jóvenes Empresarios (dos cafés), o no tiene relación alguna con la Faffe», como la conferencia en Perú sobre mancomunidades de municipios», argumenta la sentencia. La actividad de Torres como «conseguidor y captador de fondos» privados para la fundación la pudo realizar cualquiera de los 600 trabajadores de la Faffe», advierte.