La Junta tacha de «zancadilla» el recurso del Gobierno central al TC sobre su decreto de precio de obras
Marifrán Carazo asegura que ella sigue trabajando como consejera y descarta opinar sobre su posible candidatura a la Alcaldía de Granada
Andalucía prepara su artillería legal para defender en el TC su decreto de revisión de precios
«Una zancadilla del Ejecutivo de Pedro Sánchez». Así tacha la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta, Marifrán Carazo, el recurso del Gobierno central de recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto-ley de la Junta sobre la revisión ... de precios de las obras públicas.
Según la titular de Fomento, la norma del Gobierno andaluz permitía licitar y avanzar con las obras salvando el problema del aumento de precios actual. «Está dotada con cien millones de euros propios», ha destacado Carazo, quien ha señalado que la medida no tenía coste alguno para el Estado. ¿Cuál es el problema entonces? Un conflicto de competencias.
«El criterio del Gobierno central es que la competencia es suyo y la Junta no puede hacer nada. Han rechazo y recurrido tanto nuestro proyecto como el de Aragón», ha explicado la consejera. Es la segunda vez que el Ejecutivo de Sänchez lleva al Constitucional una norma de la Junta. La primera fue con el decreto de simplificación administrativa.
Para Carazo, que visitaba este miércoles una promoción de vivienda pública en el centro de Sevilla, el recurso es «un chasco y un jarro de agua fría para la economía andaluza y el sector de la construcción». Porque, ha explicado, la norma estatal sí protege las grandes obras. Pero las medianas y pequeñas, ha indicado, no. Y esas se paran. «Pone en una situación muy complicada a ayuntamientos y diputaciones», ha señalado, al tiempo que ha pedido que el Gobierno central incluya en su ley los artículos que añade Andalucía o Aragón.
«Vamos a seguir insistiendo y convenciendo de que ese decreto es absolutamente necesario para no paralizar la obra pública en Andalucía«, ha subrayado la titular de Fomento, toda vez que ha pedido al Ejecutivo central que »asuma el articulado del decreto andaluz para poder contemplar la diversidad de contratos que pueden verse afectados en la comunidad«.
«El Gobierno de España aprobó un decreto que llegó tarde, sin escuchas a las comunidades, y del que el 95% de las obras licitadas en Andalucía se quedaban fuera«, ha detallado Carazo, concluyendo que «lo que hizo la Junta fue legislar por decreto para que esas obras que quedaban excluidas se pudieran contemplar sin afectar a los proyectos, el empleo y las empresas».
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