La Junta estudiará si limita la venta de bebidas con azúcar en colegios y trabajos de Andalucía

La norma, que aún puede sufrir cambios si se introducen enmiendas por parte del resto de los grupos o por el propio PP, establece también que la Junta analizará la conveniencia de añadir al Servicio Andaluz de Salud (SAS) el servicio de dietistas y nutricionistas, algo que no ocurre hasta ahora.

Ambas medidas son parte de la batería de iniciativas con las que el PP quiere hacer frente a «los problemas de salud relacionados con la alimentación, el sobrepeso y la obesidad», una cuestión que preocupa especialmente en la región que es, según el Ministerio de Sanidad, la que tiene un mayor porcentaje de personas con obesidad de España, alcanzando casi el 20 por ciento.

Además de limitar la venta de refrescos y otras bebidas azucaradas en espacios de trabajo o formación, el Gobierno andaluz analizará si se pone coto al consumo de productos «ricos en sal o grasas saturadas». En especial, en centros donde hay «personas vulnerables» como pueden ser mayores o con algunas discapacidad o dependencia.

Otra cuestión que plantea la PNL al Ejecutivo de Juanma Moreno es la de introducir «criterios de calidad alimentaria y sostenibilidad» en los pliegos de contratación «de comedor y cafetería de los centros escolares, universitarios, residencia de mayores, centros de participación activa o centros para personas con discapacidad». De esta forma se priorizaría a las empresas que planteen propuestas con un mayor compromiso en la lucha contra la obesidad.

También se apela a las compañías de alimentación. A ellas se dirigirá el Gobierno andaluz cuando se apruebe la PNL puesto que se les va a plantear que adecuen «la composición de sus productos hacia estándares más saludables». Además, la Junta pedirá a las empresas de este sector que su etiquetado tenga información nutricional detallado además de «las propiedades saludables y la indicación de las recomendaciones de consumo».

La PNL lleva la preocupación por el sobrepeso también a las aulas. Porque la norma que aprobará el Parlamento mañana supondrá que se plantee el refuerzo de asignaturas «relacionadas con estilos de vida saludable» que impartirán «profesionales de ese ámbito». En esas materias se abordarán cuestiones sobre cómo «adquirir conocimientos sobre alimentación y nutrición, a fomentar la actividad física o desterrar estereotipos y conductas discriminatorias hacia los estudiantes que sufren sobrepeso u obesidad».

Esta última cuestión del acoso a los niños que sufren sobrepeso u obesidad no solo será tarea de la Junta. Porque la PNL también instará al Gobierno central a impulsar un «protocolo de actuación» en colaboración con los centros escolares para reaccionar y proteger a los niños y adolescentes de posibles casos de abuso por parte de sus compañeros porque tienen algunos kilos de más.

En el fondo de la norma hay una cuestión: considerar la obesidad no como una condición asociada a la persona sino como «una enfermedad crónica y tratable». ¿Cómo? Desde diversos frentes. Algunos ya se han expuesto y tienen que ver con la calidad de la alimentación y la información nutricional. Pero también propone medidas para el fomento del deporte o de la vida activa.

En esta línea propone al Ejecutivo de Pedro Sánchez que impulse «incentivos para las empresas» en caso de que fomenten que los empleados acudan a su puesto de trabajo en bici o a pie. También si organizan actividades deportivas grupales.

En esta línea, la Junta pedirá que las ciudades y los barrios se piensen para que sirvan de antídoto a la obesidad. Que el urbanismo establezca espacios que sean más fáciles de pasear que de conducir. Además, se plantean cursos para quienes trabajan en el sector de la restauración mediante los que puedan formarse en «alimentación saludable, menús equilibrados o prevención del consumo de bebidas azucaradas y alcohol».

La PNL del PP se toma muy en serio el problema de la obesidad. Porque, señala, uno de cada cuatro ciudadanos será obeso en 2035. En Andalucía, con 8,5 millones de habitantes, serían alrededor de 2,1 millones de personas con sobrepeso. Eso, indica la norma que llevan al Pleno del Parlamento los populares, es «especialmente preocupante en niños y adolescentes» y «contribuye a la aparición de enfermedades y a reducir la esperanza de vida».

Pero es que la obesidad tiene también un componente económico. Porque es más habitual en las capas menos favorecidas de la sociedad y porque, indica el grupo popular en la PNL, porque el sobrepeso resta un 2,9 por ciento del PIB y hasta 265 euros de los impuestos de cada ciudadano.