La Junta de Andalucía recupera para 2024 el reto de derribar el Algarrobico 18 años después

En el arranque de este 2024, el Gobierno andaluz ha recuperado el compromiso de demolición del edificio y lo ha situado, una vez «encauzada la situación de Doñana», como la prioridad en materia de sostenibilidad. Ese fue el mensaje del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en su discurso de fin de año realizado desde Doñana, en el que tendió la mano al Gobierno de España para alcanzar un acuerdo que permita «el derribo de esta mole de hormigón y recuperar la costa».

Esta colaboración, no obstante, ya está regulada y firmada. El Gobierno de España asume la financiación de la demolición de la edificación, y la Junta de Andalucía debe abordar el desescombro y correcta gestión de los residuos. Posteriormente, entre las dos administraciones ejecutarán un plan de conservación y recuperación del entorno promoviendo el desarrollo sostenible y «devolviéndole las características naturales originales». El acuerdo incluso regulaba el desarrollo de escuelas taller, y programas de empleo y dinamización económica de la zona. Durante los últimos trece años, se ha mantenido vigente el convenio, incluso la Junta de Andalucía llegó a reservar en 2021 una partida de 1,1 millones para los gastos del derribo en los presupuestos autonómicos, aunque la cifra estimada está por encima de los ocho millones.

Sin embargo, el acuerdo no se puede ejecutar, como ha señalado recientemente la Consejería de Sostenibilidad y Economía Azul hasta que no se tomen las decisiones necesarias en el ámbito administrativo en el Ayuntamiento de Carboneras. De hecho, la comisión mixta entre las dos administraciones de mayo concluyó que quién tenía que actuar era el Ayuntamiento con la revisión de la licencia.

Y la discrepancia en la forma de actuar ha generado un nuevo bloqueo en el proceso que es responsabilidad en este caso del Ayuntamiento de Carboneras. La Junta de Andalucía acordó con el gobierno del PP de este municipio introducir una enmienda en el acuerdo para la ejecución de las sentencias que se estaba tramitando en el Ayuntamiento para el reconocimiento implícito de que el paraje sobre el que se asienta el polémico hotel goza de una especial protección desde 1994. Esta fecha es anterior a la concesión de la licencia de obras que fue en 2003. Esta vía debía servir para agilizar todos los trámites y que el derribo pudiera arrancar. Sin embargo, el gobierno lo elevó al Pleno el 1 de diciembre y no contó con el respaldo del PSOE, en la oposición, quien se opuso a esta vía al entender que podía generar «inseguridad jurídica» además de un enorme impacto económico por las posibles indemnizaciones que podrían ascender a 100 millones de euros. Los socialistas prefieren aguardar a la próxima resolución del TSJA.

Mientras este horizonte no se despeje haya o no acuerdo entre Gobierno y Junta, el desafío del derribo del Algarrobico seguirá como una de las grandes asignaturas pendientes urbanísticas y ambientales de Andalucía.