La Junta de Andalucía mantendrá su bonificación del 20 por ciento al transporte pese a la retirada de la ayuda del Gobierno

Mientras las ciudades de Sevilla y Málaga tratarán este jueves el nuevo régimen tarifario de sus servicios de transportes urbanos, según apuntaron a ABC fuentes municipales. Sevilla ya anunció hace semanas que mantendría la aportación municipal que complementaba los descuentos estatales cuya subvención ya no aportará el Gobierno. Se especula, no obstante, en que el Ejecutivo central terminará proponiendo otro decreto alternativo e independiente.

Tras varias horas de incertidumbre acerca de lo que finalmente haría el Ejecutivo regional, fuentes autonómicas consultadas por este periódico han garantizado que seguirán asumiendo su parte del acuerdo, es decir, la bonificación del 20 por ciento.

«La Junta de Andalucía mantendrá su compromiso en las bonificaciones en el transporte público. Los usuarios merecen mensajes de tranquilidad y de certeza», aseveraban al tiempo que reclamaban al Estado «una solución para aportar su parte porque existe un compromiso adquirido con los ciudadanos y con la comunidad autónoma».

De esta forma, y en clara respuesta al mensaje institucional lanzado por el equipo de Sánchez, en el que recriminaba al PP -entre otras formaciones políticas- haber votado «no a todo» lo relativo al decreto Ómnibus, desde la Junta le reclaman «que busque una rápida alternativa que vaya más allá de la estrategia y el tacticismo político de culpabilizar a otros de su debilidad parlamentaria».

El final de las ayudas nacionales al transporte entronca con la dilación a la hora de anunciar la aportación que ahora se retira. La consejera de Fomento de la Junta, Rocío Díaz, afeaba que se hubiera esperado «hasta el último día» -se aseguraron el 30 de diciembre-. Al ser una medida compartida era preciso, explicaba, la «planificación» y la «transparencia».

Ante la presente decisión, la Junta recalca que añade «medidas como estas se debían hacer con planificación y con seguridad. Y el Gobierno de España ha demostrado nuevamente su improvisación».

En otro orden de cosas, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz de la Junta, Carolina España, ha asegurado que el Gobierno tiene herramientas «suficientes» para aprobar la actualización de cuentas con «un decreto único que no esté vinculado a medidas muy lesivas para los ciudadanos andaluces, como es el impuesto a las energéticas».

La actualización de las cuentas ha sido una de las medidas que ha decaído con la suma de los votos de PP, Vox y Junts en el Pleno del Congreso de este miércoles para tumbar el decreto ley ómnibus que incluía la revalorización de las pensiones, la prohibición del corte de suministros básicos a personas vulnerables y la citada bonificación al transporte.

En este sentido, España ha insistido en que las cantidades de las entregas a cuenta del sistema de financiación «no las decide el Gobierno, sino que la forma de calcularlas obedece a criterios establecidos en la ley vigente». «No cumplirlo sería una ilegalidad», ha apostillado en un comunicado.

Al hilo de lo anterior, ha criticado que las medidas que «no se aprobado este miércoles al no salir adelante el decreto ómnibus son las actualizaciones del año 2024 con respecto a 2023, pero tampoco se incluían las de 2025, lo que demuestra una vez más la falta de seriedad del Gobierno».