La Junta de Andalucía exige al Gobierno que garantice la asistencia jurídica gratuita a víctimas de agresiones sexuales

En la PNL, el PP propone que el Parlamento andaluz respalde la petición para que, «sin demora», el Gobierno apruebe y remita a la Cortes Generales un proyecto de reforma de la Ley 1/1996 de 10 de enero de asistencia jurídica gratuita para garantizarla también a las víctimas de agresiones sexuales, en los términos y con los objetivos previstos en la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, y que asegure, en todo caso, su financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y en cumplimiento del mismo.

Reprocha al Ejecutivo central que haya dejado expirar el plazo para dicha modificación hace ya casi un año.

La Junta, según subraya el PP andaluz, «consciente de la situación y sin apoyo del Gobierno de la Nación» realiza este esfuerzo desde el año pasado para prestar este servicio gratuito también a estas víctimas a través del turno de guardia específico de violencia machista.

Según argumenta la PNL, la Ley Orgánica 10/2022 reconoce el derecho a este servicio gratis a las víctimas de violencia sexual. Además, indica que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017 reconoce que dicha asistencia gratuita en casos de violencia de género es un derecho fundamental pero también la necesidad de reforzarla antes y durante todo el procedimiento judicial, incluso después del mismo y durante la fase de ejecución de la condena, incorporando para ello un mayor número de letrados en los turnos de oficio especializados y mejorando la formación de los mismos.

El Grupo Popular recuerda que aunque las víctimas de violencia machista tienen plenamente reconocido este derecho, no ocurre lo mismo con las víctimas de agresiones sexuales, salvo dos excepciones: víctimas de trata y personas menores de edad y personas con discapacidad necesitadas de especial protección cuando sean víctimas en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual.

Recoge además en su PNL datos oficiales del Ministerio de Interior correspondientes al año pasado que constatan un aumento de estos delitos a nivel nacional: 21.825 casos, un 15% más que en 2023. En el territorio andaluz fueron 3.473, un 13,2% más.

El PP-A agrega que estas cifras apenas muestran «la magnitud y proporciones reales» de estos delitos y que el Informe de la Violencia Sexual en España alerta de que unas 350.000 personas al año son víctimas de este tipo de violencia. No todas lo denuncian, según el Observatorio de la Delincuencia del Instituto Andaluz de Criminología, que concluyó que sólo tres de cada diez dan este paso.

«Estas cifras revelan la trascendencia e importancia de asistencia letrada a estas víctimas antes y el momento de formular la denuncia. No pueden seguir postergadas y deben disponer de todos los recursos en un momento tan crítico. Es una obligación no sólo moral sino también legal, asegurarles a todas una asistencia jurídica integral, inmediata, eficaz y gratuita en igualdad», argumenta el Grupo Parlamentario del PP.