La Junta de Andalucía duplica la inversión en políticas de vivienda en estos últimos siete años
El Gobierno pasa de los 254 millones de 2018 a los 526 del actual presupuesto
El Gobierno concede subvenciones a comunidades y administraciones afines y margina a Andalucía
Sevilla
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Iniciar sesiónLa Junta de Andalucía reconoce las dificultades para el acceso a la vivienda como uno de los principales problemas de los ciudadanos. A principios de septiembre, el propio presidente Juanma Moreno presentaba en el Palacio de San Telmo el nuevo anteproyecto de ley ... que desarrolla el plan de choque impulsado el mes de marzo con un decreto ley y que impulsará la construcción de 20.000 viviendas protegidas.
El Gobierno andaluz ha duplicado el presupuesto para las políticas de vivienda desde 2018, tras la salida del Partido Socialista y la toma de poder del Ejecutivo presidido por Juanma Moreno. Se pasa de los 254 millones de hace siete años a los 526 de este 2025. En total, son 800 millones de euros entre medidas fiscales y recursos, pues los 300 restantes se deben a la bajada de impuestos.
Los 526 millones de euros de este año 2025 han supuesto un 7,5 % más respecto al curso pasado, destinado a «políticas que reduzcan los obstáculos para acceder a una vivienda, tanto en venta como en alquiler».
La Junta denuncia que cuando aterrizó en San Telmo, el Gobierno regional se encontró retraso en el pago de las ayudas al alquiler con más de 50.000 expedientes sin resolver. Tampoco se contemplaron ayudas a la promoción de nueva vivienda y «la política para rehabilitar la infravivienda fue la gran olvidada durante los años socialistas». En los presupuestos del 2017, los últimos del PSOE en el Gobierno andaluz, se recogen 268 millones para Vivienda, Rehabilitación y Suelo.
El objetivo principal de la Junta es fomentar la construcción de viviendas para adecuar la escasa oferta actual a la elevada demanda. Para ello se han tomado medidas como la creación de una bolsa de suelo público para vivienda asequible, en colaboración con los municipios de más de 100.000 habitantes. Abre la mano para el posible cambio de uso de suelos terciarios, de oficinas y turísticos para la vivienda protegida. Se incrementará el Parque Público y se espera llegar a esa cifra de 20.000 VPO en cinco años.
A su vez, se concentrarán recursos en forma de ayudas al alquiler o incentivos a la construcción o rehabilitación. Se quiere dar mayor agilidad eliminando las trabas burocráticas y administrativas, otorgando mayor seguridad al propietario y al arrendador. En la Junta están convencidos de que es necesario menor intervencionismo y la solución pasa por fomentar la construcción de vivienda permitirá incrementar la recaudación por parte de los ayuntamientos, que podrán invertir en las necesidades de su municipio.
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