Los jueces cargan contra Montero por sus palabras sobre el 'caso Alves' y reclaman que respete la independencia judicial

Respecto a la independencia judicial, las asociaciones son contundentes en este escrito al que ha tenido acceso ABC. «La independencia del Poder Judicial -señalan- es un pilar fundamental del Estado de Derecho. Las resoluciones judiciales se adoptan tras un análisis exhaustivo de las pruebas presentadas y conforme a la legislación vigente. Es esencial que las instituciones y representantes públicos respeten y respalden la labor de los jueces y magistrados, evitando comentarios que puedan socavar la confianza en nuestro sistema judicial».

En cuanto a la presunción de inocencia, se recalca desde las asociaciones que «es un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución y en los tratados internacionales suscritos por España. Garantiza que ninguna persona sea considerada culpable hasta que se demuestre su responsabilidad penal mediante pruebas suficientes y obtenidas conforme a derecho. Cuestionar este principio básico puede poner en riesgo las garantías procesales y la equidad en los juicios».

«Reconocemos la importancia de proteger y apoyar a las víctimas de delitos -se añade-, especialmente en casos de violencia de género y agresiones sexuales. Es fundamental que las víctimas se sientan respaldadas y que sus testimonios sean valorados con la seriedad y sensibilidad que merecen. Esta protección debe coexistir con el respeto a los derechos fundamentales de los acusados, asegurando un equilibrio que garantice la justicia en cada caso concreto».

«Instamos a todos los representantes públicos a ejercer la máxima responsabilidad en sus manifestaciones, especialmente cuando se refieren a decisiones judiciales. Las críticas a resoluciones judiciales son legítimas, pero han de ser fundadas y contextualizadas, ya que de otro modo pueden erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y pone en peligro el Estado de Derecho», se agrega en la nota.

Las asociaciones judiciales y fiscales firmantes reiteran su «compromiso con la defensa de los principios constitucionales, la protección de los derechos de las víctimas y la garantía de un proceso judicial justo e imparcial para todas las partes involucradas».