José Antonio Nieto, consejero de Función Pública: «Vamos a intentar que la sociedad vea a los funcionarios con otros ojos»

—Aparte de la mejora salarial, ¿cómo repercute el acuerdo en el trabajo de los empleados públicos de la Administración General y las entidades instrumentales? ¿Y, sobre todo, en qué va a beneficiar al ciudadano?

—Probablemente sea la primera vez que en un acuerdo laboral se hace esa pregunta doble, porque los anteriores siempre se han quedado en la primera parte. Yo voy a ayudarte a mejorar las condiciones de trabajo, pero tú me tienes que garantizar que eso repercute en una mejora del servicio al ciudadano. ¿Cómo se concreta eso? Arrancamos la legislatura con la Ley de Función Pública, que incorpora una novedad que algunos pensaban que no se iba a poder instaurar como era la carrera profesional. Hasta ahora, cuando un fantástico funcionario quería promocionar, tenía que irse a lo mejor a otra consejería o a un puesto que no tenía nada que ver con lo que él había hecho antes. Ahora lo va a poder hacer en el mismo sitio donde está. ¿Cómo? Acreditando sus resultados con valoraciones positivas del desempeño.

—Una queja recurrente de los funcionarios de la Junta era que cobraban menos que en otras comunidades. ¿El nuevo complemento salarial va a equipararlos a la media nacional? 

—Con este acuerdo nos colocamos en la media holgada de España y le damos un derecho que tenían en otras comunidades y aquí no. La carrera profesional ya se había puesto en marcha también en Salud y Educación. En la Administración General de la Junta no se había hecho y era injusto para nuestros funcionarios. Supone un gran avance que va a permitir ganar en agilidad y eficiencia en la administración.

—La evaluación del desempeño afecta también los traslados y la promoción.

—Incluso a la satisfacción personal. Es una cuestión de vocación, de orgullo, de que cuando alguien le diga «es que los funcionarios sois...», poder responder «no, yo no». Yo tengo certificado de que cumplo con mis obligaciones, que estoy en un nivel de producción alto.

—Se creará un sistema de evaluación de su trabajo. ¿Cómo funcionaría?

—Queremos tener garantías de que efectivamente se mejora el servicio. La evaluación del desempeño supone que al buen funcionario le vamos a estimular con unos recursos más que al que no se esfuerce o incluso al mal funcionario que siendo una minoría contamina la imagen de la mayoría. Ese estímulo tiene muchas más cosas que lo económico.

—Cómo y quién va a medir el desempeño laboral era una de las cuestiones que más recelos generaba en los sindicatos. ¿Cómo se ha resuelto? 

—El acuerdo se prolonga cinco años, pero la evaluación del desempeño se va a implementar en los tres últimos porque hemos querido dejar dos años para acordar el sistema que se aplica. Evidentemente tiene que ser objetivo, transparente y motivador. Es decir, si tengo que optar entre palo y zanahoria, prefiero zanahoria, pero yo quiero que el buen funcionario tenga dos recompensas: una económica y otra de crédito social. Vamos a apoyarnos en los sistemas digitales de la administración pública en los que se dejan unos metadatos que determinan cuál ha sido la actividad. Ésa es una vía. Otra va a ser la autoevaluación del propio trabajador, que va a tener su contraste en la evaluación del jefe. Si no coinciden, tenemos los metadatos para comprobar quién se ha equivocado. Esto va a funcionar en un porcentaje muy alto de los empleados públicos, pero hay otros en los que no porque hacen tareas como elaborar informes que requerirán de un sistema más complejo que tenemos que acordar.

—Otro compromiso que ha adquirido es reducir los puestos de funcionarios de libre designación (PLD). ¿Cómo lo va a hacer?

—Nosotros lo que planteamos y eso sí está en el espíritu del acuerdo, aunque no esté recogido en él, es que Andalucía tiene una anomalía en la asignación de plazas: o eres PLD o vas por concurso ordinario. En otras comunidades autónomas y administraciones, hay un tercer elemento que es mayoritario y aquí no existe, que es el concurso específico. Un funcionario que lleve mucho tiempo, aunque no tenga nada que ver con el perfil que se está buscando, opta a esa plaza y la consigue porque lleva mucho tiempo. Para evitar eso, queremos que se impulse el concurso específico, en el que se tiene en cuenta la singularidad del puesto que se va a ocupar. Para un asesor genérico o un auxiliar administrativo no tiene sentido, pero para un jefe de servicio o directivo sí hay que pedir cualidades, formación o experiencia. Conforme vayamos impulsando ese concurso específico, iremos reduciendo los puestos de libre designación y generando un equilibrio entre esos tres sistemas.

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—El acuerdo suscrito también recupera las llamadas ayudas de acción social o familiares de los empleados públicos, que están suspendidas desde el año 2012, como por ejemplo para comprar unas gafas. ¿Cuándo se van a poner en marcha?

—La acción social es una parte muy importante de este acuerdo y ha sido una reivindicación que ha estado permanentemente encima de la mesa. Tenemos un problema: la Ley de Presupuestos Generales del Estado suspendió ese derecho de los trabajadores en 2012. Sigue igual porque no se ha modificado, aunque miembros del Gobierno han trasladado que se iba a eliminar esa decisión. Pero como no hemos tenido nuevos presupuestos ni este año ni el anterior ni el otro, no se ha producido ningún cambio. Hemos pedido un informe al Gabinete Jurídico para recuperar algunas líneas. Cuando se culmine el acuerdo, habremos pasado de destinar 700.000 euros a 15 millones de euros. Aparte de las gafas que ha comentado, habrá ayudas para la formación de los hijos o el apoyo a personas con discapacidad. Se van a fijar prioridades para personas que tienen una problemática concreta. No le vamos a pagar el seguro privado a nadie. Eso no está. Solo atendemos aquello que no está cubierto por algún servicio público de la Junta de Andalucía.

—Se ha sellado la paz social con UGT y CCOO sobre el papel. Sin embargo, el pasado domingo se manifestaron con las Mareas Blancas y de la mano de la oposición de izquierdas contra la política sanitaria de la Junta. ¿Son compatibles ambas posturas?

—En la Administración General, Justicia y sector público no ha habido ningún acuerdo desde hace décadas. El último al que no podemos referir es uno de 2003 que viene derivado de otro de 1996. Es la única vez en la historia de la Junta que se aprueba un acuerdo por todos los sindicatos que va a movilizar 250 millones de euros. Ha habido una lealtad importante de los sindicatos, que han sido muy discretos. En el ámbito de la Administración General no se puede pedir a UGT y CCOO renuncie a sus planteamientos políticos. En general, ha sido un proceso enriquecedor para todos. Ahora tenemos cinco años para cumplirlo.

—El presidente andaluz, Juanma Moreno, se ha implicado personalmente en el acuerdo. ¿Cómo lo ha hecho?

—Absolutamente. Este acuerdo nunca se hubiese podido firmar sin la implicación directa y personal del presidente. Las peticiones que nos hacían los sindicatos eran mucho más del contenido del acuerdo y las posibilidades que nos daba [la Consejería de] Hacienda eran mucho menos de lo que se ha cerrado. Si hacemos las cosas bien, este acuerdo será bueno para los empleados públicos y para la administración andaluza, porque la productividad tiene que mejorar. Vamos a crear unas condiciones de trabajo mejores, vamos a motivar a nuestros empleados públicos. Les vamos a dar el sitio que le corresponde. Vamos a intentar que la sociedad los vea con otros ojos, que confíe en ellos. Hubo un momento crítico el pasado mes de julio cuando estábamos elaborando la envolvente financiera y este acuerdo no cabía porque tenemos un presupuesto muy constreñido. Solo la participación del presidente lo ha mantenido. Él me decía: «Este acuerdo es vía andaluza en vena». Oye, tú ganas, yo gano, pero solo podemos llevarlo a a cabo si el ciudadano gana.