Los trabajadores de la Cámara de Comercio de Jaén niegan que haya otras entidades de España en extinción

El secretario de la entidad, Manuel Fernández , ha explicado que la Cámara de Ferrol fue absorbida por la de la Coruña. La de Guadalajara está intervenida por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y, si bien con dificultades, presta sus servicios. La de Albacete vendió su sede, indemnizó a los trabajadores, y ahora ha contratado empleados. En cuanto a Melilla, despidió a todo el personal, pero lo indemnizó.

Fernández, tras aclarar que las sentencias a las que se refiere la Junta han sido recurridas ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha puntualizado que no discute el alcance de la tutela, sino la nula efectividad en la gestión de la Cámara encomendada a la Junta. Y esto, porque no ha resuelto nada desde su constitución hace cerca de 2 años. De hecho, según ha denunciado el secretario, no se reúne desde entonces y tampoco contesta a los escritos que le envían los empleados, quienes permanecen en sus puestos sin cobrar e intentan evitar, con éxito discontinuo, robos en las instalaciones.

Ante esta situación, el Defensor del Pueblo de Andalucía ha elaborado un informe que respalda a los trabajadores que formularon un expediente de queja. El organismo precisa que la administración autonómica no realiza una mera función de tutela del ente cameral, sino que la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio se convierte, en virtud de la legislación, en el órgano de gobierno de la Cámara de Comercio de Jaén.

En virtud de esta razón, añade el informe, la Junta de Andalucía está encargada de la gestión de los intereses camerales, por lo que, según expone, «tiene una responsabilidad sobre la situación laboral-profesional de los trabajadores de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén», por lo que debe, en su opinión, adoptar cuantas medidas fueren oportunas tendentes a aclararlas y a resolverlas.

En su resolución, el órgano presidido por Jesús Maeztu recomienda que, a partir del marco legal vigente, se adopten las medidas que procedan para acabar con la situación de excepcionalidad en la que se encuentra la Cámara. También incide en que en coordinación con la comisión gestora se tenga en cuenta especialmente, con carácter de urgencia, la situación del personal al servicio de la institución cameral.

Maeztu hace en su informe una sugerencia a la administración autonómica para que la aplique en el caso de que durante el proceso de disolución se constate que se han producido perjuicios para los trabajadores a consecuencia de las dilaciones e inacción de la administración tutelante. En concreto, el Defensor del Pueblo Andaluz propone que se inicie un procedimiento de oficio de responsabilidad patrimonial para resarcir a la plantilla .