La Junta de Andalucía cifra en 38 millones el sobrecoste del tranvía de Jaén

Carazo ha resaltado que el anterior poder autonómico ha dejado «como herencia envenenada de su pésima gestión, multitud de pleitos como consecuencia de su política de judicializar todos los conflictos» y que esta infraestructura «no se ha librado de la mala gestión de los gobiernos socialistas, es más yo diría que es un ejemplo palpable de ella».

Solo el presupuesto inicial de la dirección de obra y de los propios trabajos pasaron de 83 a 107 millones de euros. A lo que hay que sumar las reclamaciones judiciales. La consejera ha explicado que el 9 de octubre de 2015, la unión temporal de empresas Tranvía de Jaén interpuso un recurso contencioso administrativo por el retraso en los pagos y que una sentencia firme dictada el pasado octubre condenó a la Junta a abonar 5,3 millones de euros por los intereses de demora de las certificaciones ordinarias, las revisiones de precios, la certificación final y la liquidación del contrato.

La Agencia de Obra Pública ha ingresado ya esa cantidad en la cuenta de consignaciones del juzgado a favor de Tranvía de Jaén, según la consejera de Fomento, que ha añadido que queda pendiente de abonar la liquidación de los intereses procesales y el abono de las costas del recurso de casación, por un importe adicional aproximado de 650.000 euros.

Además de por esta esta sentencia, se han incrementado los costes del tranvía de Jaén por «la decisión política de no incluir en los presupuestos de 2010, 2011 y 2012 las obligaciones de pago previstas». Esto generó una falta de disponibilidad presupuestaria que implicó un coste financiero para la Agencia de Obra Pública, que recurrió a sus pólizas de crédito para abonar en junio de 2012 todas las certificaciones mensuales ordinarias pendientes.

La titular de Fomento ha añadido que la situación ha generado como consecuencia una refinanciación, ya que «la Consejería sólo logro cubrir con el Fondo de Liquidez Autonómica los conceptos de certificación final de obra y liquidación final del contrato. En concreto, el coste financiero para la Agencia de Obra Pública se cuantifica, a día de hoy, en 7,5 millones de euros , que se suma al resto de cantidades.

Ante esta herencia, Carazo ha recalcado que el Gobierno andaluz es consciente que no se puede volver a producir un despilfarro como éste, derivado de la ejecución los proyectos e infraestructuras sin el necesario control. Por lo que ha resaltado que el nuevo Gobierno andaluz «ya ha adoptado medidas para evitar más costes para la Administración por el pago de intereses de demora».