El Ayuntamiento reclama a la Junta de Andalucía 5 millones por los vagones del tranvía

El informe del Tribunal de Cuentas coincide con el planteamiento del equipo de gobierno popular, que mantiene inactivo el tranvía porque su puesta en funcionamiento acarrearía un gasto millonario que el consistorio no puede permitirse por su elevada deuda, próxima los 600 millones de euros. Precisamente, el órgano fiscalizador alude en su estudio a la situación financiera del consistorio para cuestionar que la administración autonómica le diera el visto bueno a un proyecto que ha costado 128 millones de euros, una parte de los cuales ha sido sufragada por el Ayuntamiento.

El concejal de comunicación, Miguel Contreras , ha enarbolado el informe para instar a la Junta a sentarse a dialogar sobre el dinero cobrado indebidamente al Ayuntamiento. Y sobre otras cuestiones relevantes, como la falta de estudios previos. Contreras ha recordado también que el informe describe la descoordinación existente entre la Junta y el Ayuntamiento, cuya alcaldesa era entonces la socialista Carmen Peñalver , así como la urgencia por llevar a cabo un proyecto cuyo trazado (competencia de la Junta) era incompatible con el material móvil (del Ayuntamiento), lo que propició que el coste fuera mayor.

El edil ha explicado que la Junta firmó un convenio que especificaba que, a partir de la finalización de la obra del tranvía, el coste de los vagones le correspondía al Ayuntamiento, pero después, en vista de la situación económica municipal, y al objeto de garantizar la puesta en funcionamiento del sistema tranviario, la administración autonómica asumió la compra del material móvil, cuyo coste repercute en el Ayuntamiento en forma de facturas trimestrales, calificadas como pagos improcedentes por el Tribunal de Cuentas.

La calificación del Tribunal de Cuentas se deriva de que no hay carga financiera de la adquisición de las unidades tranviarias y sin embargo sí se ha trasladado en las cuotas trimestrales al Ayuntamiento. Además, esas facturas se han devengado como deudas tributarias y se ha aplicado un porcentaje de intereses de apremio, cuando según el órgano fiscalizador no corresponde abonarlo al Ayuntamiento de Jaén.

Además, el Ayuntamiento ha tenido que pagar el 50 % de la dirección de obra porque Carmen Peñalver firmó un convenio, que tampoco fue sometido al pleno, cuyo coste se cuantificó en 1,8 millones de euros. Esta obligación de pago exigida por la Junta es rechazada por el Tribunal de Cuentas, que aclara que no se debería haber cobrado porque no se ajustaba a las fórmulas de pago establecidas en el convenio.

Otro de los puntos importantes del informe, en opinión de edil popular, es la inexistencia de un estudio justificativo sobre la conveniencia de los terrenos donde se ubicaron las instalaciones de la policía local, circunstancia que originó el traslado de las dependencias de la fuerza de seguridad, que supuso un gasto extra de 9 millones de euros, según Miguel Contreras, quien destaca asimismo el hecho de que el Tribunal cite falta de criterio en la adjudicación de contratos, parte de los cuales, de gran cuantía económica, no fueron debatidos en el pleno municipal.