Varapalo del Tribunal de Cuentas a la Junta por las obras del tranvía de Jaén

En la gestión de los gastos por la Junta de Andalucía y su reflejo contable, se produjeron, según el Tribunal, irregularidades e incidencias tales como la ausencia de fiscalización y de aprobación del gasto presupuestario que se autorizaba con carácter previo a la aprobación de los expedientes de contratación y a la selección de las ofertas. También el incumplimiento del plazo de pago a proveedores, sin que se abonaran los preceptivos intereses de demora, así como la incorrecta imputación de los gastos asumidos por la Consejería de Obras Públicas y la falta de reflejo fiel en las cuentas autonómicas de la financiación de las empresas y del coste del proyecto del tranvía , que finalmente se elevó a 128 millones de euros. 

Además, la Junta de Andalucía no procedió a la liquidación final de la subvención extraordinaria al Ayuntamiento para el traslado de la policía local y exigió al consistorio, improcedentemente y por la vía de apremio , el pago de sus obligaciones de financiación del 50% del coste de la dirección de las obras y de la adquisición del material móvil. De ahí que la administración local le reclame ahora entre 5 y 6 millones de euros por este concepto.

En relación con la planificación del tranvía, el Tribunal resalta que no consta la existencia de antecedentes ni la realización de estudios previos, por parte de la Junta de Andalucía ni del Ayuntamiento de Jaén (entonces gobernado por la alcaldesa socialista Carmen Peñalver), dirigidos a valorar la posible implantación en el municipio de Jaén de un tranvía. Tampoco que se realizaran informes en los que se comparara el transporte tranviario con otros medios alternativos con distinta incidencia, su viabilidad económica y financiera y el impacto en la hacienda pública. Lo que pone de manifiesto, en su opinión, que no se llevó a cabo planificación alguna para el desarrollo de esta iniciativa.

Sobre los convenios entre la Consejería de Obras Públicas y el Ayuntamiento de Jaén, el organismo fiscalizador aclara que no se motivó suficientemente que la Junta de Andalucía ejecutara y financiara la obra tranviaria de Jaén y que eligiera a esta localidad para llevar a cabo el proyecto frente a otras posibles localizaciones; especialmente, agrega, si se tiene en cuenta que esta obra no fue declarada de interés metropolitano , y que estaba destinada a prestar un servicio exclusivamente municipal de prestación obligatoria, en un ámbito territorial únicamente municipal, y que se entregó sin contraprestación al Ayuntamiento una vez finalizada.

Respecto, a los contratos y convenios desarrollados para la construcción, puesta en funcionamiento y explotación del tranvía, el Tribunal de Cuentas denuncia que la Consejería de Obras Públicas atribuyó el desarrollo de la obra a su ente público dependiente Ferrocarriles de la Junta de Andalucía, entidad que, a su vez, contrató con terceros la totalidad de los trabajos encargados. Actuación que el Tribunal califica de cuestionable, ya que el objeto de la entidad consistía, precisamente, en la realización de las actuaciones que le encargara la Consejería, por lo que la titular de la competencia quedó ajena al control de la ejecución de la actuación encargada.

Ítem más, los contratos celebrados por Ferrocarriles de Andalucía para la construcción e instalación del tranvía ha detectado el Tribunal prácticas no ajustadas a los principios de igualdad, objetividad, transparencia y economía en la gestión de fondos públicos . También infracciones de la normativa de contratos. Entre ellas, se destaca la falta de concreción de los datos para la determinación de los presupuestos y la exigencia de la constitución por el adjudicatario de una garantía especial sin indicar las circunstancias que la justificaran, así como la falta de motivación de las puntuaciones otorgadas respecto de algunos de los criterios de adjudicación en el informe de evaluación de las ofertas. Además, se modificaron los contratos concertados debido a deficiencias en las actuaciones preparatorias de los mismos -y, por lo tanto, sin concurrir los requisitos legales-, y sin observarse la preceptiva tramitación que hubiera procedido.

La Junta suscribió tres convenios con motivo de la implantación del tranvía de Jaén, en los que se no incluyeron previsiones relativas al control y supervisión de las actuaciones a desarrollar, lo que, según aclara el organismo de cuentas, se debería haber hecho para comprobar la correcta ejecución de las obras y la adecuada utilización de los fondos públicos. Además, el objeto de uno de los convenios era el propio de los contratos de servicios, por lo que, en lugar del mismo, debió haberse formalizado un contrato administrativo ajustado a los procedimientos de adjudicación previstos en la legislación contractual.

El informe concluye con un consejo: la decisión sobre la puesta en funcionamiento del tranvía de Jaén, actualmente inactivo, debe sustentarse en análisis rigurosos basados en estudios de demanda realistas , en los que se examinen los distintos escenarios posibles. Habrían de evaluarse, igualmente, a su juicio, la sostenibilidad del servicio y la racionalidad del gasto que genere, así como su impacto sobre la hacienda pública. En este punto pide tener en cuenta la situación de desequilibrio financiero del Ayuntamiento jiennense, que adeuda 600 millones de euros.

El Tribunal de Cuentas no ha llevado a cabo, obviamente, un corta y pega, pero las conclusiones del informe de fiscalización del tranvía de Jaén tienen similitud con las del estudio que este organismo realizó sobre la ejecución del tranvía de Vélez-Málaga. Hecho público en noviembre, resalta en el mismo que la planificación de este sistema también fue insuficiente y presuntamente arbitraria la decisión de construirlo en ese municipio.